Alcaldes en tensión

Los alcaldes afectados por la línea de alta tensión entre Vic y Baixàs, que se propone como alternativa a Figueres-La Jonquera para efectuar la interconexión eléctrica con Francia, se mostraron ayer "decepcionados" tras reunirse con el consejero de Trabajo e Industria, Josep Maria Rañé. "En Manlleu estamos muy decepcionados", explicó el alcalde de la localidad, Pere Prat.

Rañé se reunió ayer con los presidentes de los consejos comarcales del Ripollès (Josefina del Pozo), la Garrotxa (Miquel Noguer) y Osona (Jaume Mas), acompañados de una decena de alcaldes de estas comarcas ante su oposición a que la interconexión eléctrica con Francia se lleve a cabo a través de sus municipios, tal como ha propuesto el tripartito catalán ante la oposición social a la línea por el Empordà.

Los ediles se sienten decepcionados tras entrevistarse ayer con el consejero de Industria

"No hay nada decidido ni que evaluar", dice el presidente del consejo de Osona

Pero si los empresarios, a través de la Cámara de Comercio de Barcelona urgen a que se construya una línea de alta tensión para no dejar sin energía a la zona, el territorio está en contra de la línea. El domingo 22 de mayo se llevó a cabo en La Jonquera la mayor movilización hasta la fecha en suelo catalán contra la línea de 400.000 voltios que proyectaba la Generalitat para interconectar Cataluña con Francia a través de Bescanó y Baixàs.

Pasaron dos semanas hasta que saltó la noticia de que el Gobierno catalán ya tenía su propuesta alternativa: reforzar la conexión ya existente entre Vic y Baixàs, un corredor eléctrico construido hace 30 años que, mayoritariamente, afecta a las comarcas del Ripollès, la Garrotxa y Osona. La idea obtuvo la bendición de Esquerra Republicana e Iniciativa por Catalunya-Verds, socios de gobierno del PSC en la Generalitat y contrarios al trazado Bescanó-Baixàs, lo que hizo dar por sentado que este proyecto sería el definitivo.

En las esferas políticas se insistía en que todo estaba por decidir. Pero las reacciones no se hicieron esperar. La primera voz contraria fue la de la presidenta del Consejo Comarcal del Ripollès, Josefina del Pozo (PSC), quien consideró que el proyecto tenía que serles consultado y apeló a "razones técnicas" para defender su inviabilidad.

La misma Del Pozo se puso en contacto con los alcaldes de los municipios afectados del Ripollès y la Garrotxa para acordar una posición conjunta que estuviera por encima de ideologías y disciplinas de partido. La reunión, celebrada el pasado 6 de junio, sentó a la misma mesa a los dirigentes municipales de Vallfogona, Sant Joan de les Abadesses, Santa Pau, Camprodon, Molló, la Vall de Bianya, Ridaura y Ripoll. De este encuentro salió un manifiesto de rechazo a la línea, al que se sumó, dos días después, el alcalde de Vic, Jacint Codina, certificando así la entrada en las protestas de la comarca de Osona, que había guardado silencio hasta ese momento. La respuesta ciudadana ha sido igual de contundente.

La confusión y la desinformación se han cernido sobre la comarca de Osona. "No hay nada decidido, no hay estudios técnicos y, por tanto, nada que evaluar", asegura el presidente del Consejo Comarcal de Osona, el republicano Jaume Mas.Mas acusa al tripartito de actuar de la misma forma que el Gobierno anterior, sin consultar a los ayuntamientos afectados, y asegura que esto ha sido lo que ha generado polémica.

El Consejo Comarcal propondrá en el próximo pleno la votación de una moción en la que se opone al traslado de la línea porque mayor potencia va en detrimento de la calidad de vida de los habitantes y porque implicaría desdoblar el actual trazado.

Iker Elizondo, promotor de la plataforma ciudadana contra la línea, denuncia una doble maniobra del Gobierno para "tirar pelotas fuera y no entrar a fondo en la cuestión". Subraya que en una semana se ha pasado de escuchar las reivindicaciones de los antilínea a un debate que ya no se plantea la necesidad o no de la línea, sino por dónde debe pasar. La otra estrategia ha sido, a juicio de Elizondo, desarmar la oposición que tenían allí y traerla aquí, donde hay menos quejas y, por tanto, "habrá menos presión política".

La republicana Filo Tió, al frente del consistorio de Santa Eugènia de Berga, no cree que exista esa "mala intención", aunque sí critica las formas y que hayan tenido que enterarse por la prensa. En cuanto a la capacidad de movilización de la comarca, la alcaldesa asegura: "Quizá no chillaremos tanto, pero no estaremos de brazos cruzados y haremos nuestro trabajo".