Los eurodiputados que se reunieron con Blasco mantienen sus "reservas"

Durante una semana se han reunido con más de mil personas, casi todas ellas víctimas de los abusos urbanísticos cometidos al amparo de la Ley Reguladora de la Actividad Urbanística (LRAU). Los eurodiputados, tras reunirse con el consejero de Territorio, Rafael Blasco, mantenían ayer "reservas" ante la nueva Ley del Urbanismo Valenciana y harán un informe que "trasladarán al pleno del Parlamento Europeo en otoño".

Michael Cashman, vicepresidente primero de la comisión de Peticiones, que se reunió durante los últimos días con los máximos dirigentes de la Generalitat en materia urbanística y varios alcaldes del PP, manifestó ayer ciertas "reservas" ante la entrada en vigor de la nueva Ley del Urbanismo Valenciano (LUV) que prepara el Consell, aunque se mostraron dispuestos a "colaborar" en su mejora.

Los eurodiputados se reunieron durante esta semana con unas mil personas, que son parte de las víctimas de LRAU y visitaron una serie de emplazamientos donde van a realizarse urbanizaciones, y hablaron con personas, "tanto españolas como de otros países de la Unión, que deben pagar cuotas de urbanización elevadas y aparentemente arbitrarias a las que no pueden hacer frente, y que también se ven amenazadas con la confiscación de una parte importante de su propiedad, o incluso su expropiación, todo ello en único beneficio y utilidad de los urbanizadores", dijo Cashman. Los miembros de la Comisión de Peticiones manifestaron su preocupación por "el impacto de dichas urbanizaciones en el medio ambiente y el suministro de agua". Janelly Fourtoy, que es la ponente del Parlamento Europeo en esta materia, presentará un informe completo y una resolución al pleno del Parlamento Europeo en el curso del próximo otoño. Los borradores de propuesta que se publiquen en el curso de las próximas semanas serán objeto de debate. La comisión de Peticiones denunció esta situación y la Comisión Europea ha iniciado un expediente por incumplimiento contra las autoridades españolas, motivado por alegaciones de que no se ha respetado la Directiva de la Unión Europea de contratos públicos en la adjudicación de muchos contratos otorgados por las autoridades públicas a promotores privados, los agentes urbanizadores. Las peticiones que han llegado al Parlamento Europeo, sobre todo a través de la Asociación Abusos Urbanísticos No, han sacado a la luz unos 15.000 casos de presuntos abusos.

La delegación apreció "positivamente" que el Gobierno Valenciano haya "preparado una nueva Ley que tiene como objeto el reformar el proceso de urbanización, de manera que se tomen más en cuenta los derechos de los propietarios" y "celebra" que la Generalitat rectifique.