Castillos en el aire

El rápido y costoso viaje de ida y vuelta (24 horas y 400.000 euros) realizado por Arnaldo Otegi desde el aire libre de la ciudad hasta la prisión forzosa de Soto del Real ha permitido conocer las sorprendentes ideas del portavoz de la ilegalizada Batasuna sobre los requisitos exigibles a un eventual "final dialogado de la violencia" entre ETA y "los poderes competentes del Estado". El breve episodio carcelario tuvo un origen exclusivamente procesal: Otegi tardó 24 horas en reunir el dinero necesario para pagar la fianza señalada por el juez de la Audiencia Nacional. El portavoz de Batasuna figuraba en el sumario de las herriko tabernas, abierto hace algunos años e instruido inicialmente por Garzón: sólo su aforamiento como parlamentario le permitió rehuir la acción de la justicia mientras conservó -hasta hace pocas semanas- el acta.

Otegi, sin embargo, acusa al Gobierno de haber instigado la orden de prisión -violando así su imaginaria inmunidad diplomática como "interlocutor necesario" en el proceso de pacificación- y critica la falta de madurez de su presidente para afrontar esa tarea. Otegi denuncia a Zapatero por compartir su estrategia antiterrorista con el PP, esto es, "con los herederos de quienes fusilaron a su abuelo". La misión de pacificar el País Vasco corresponde sólo a los derrotados en la Guerra Civil: los descendientes de los vencedores deberán ser excluidos de esa nueva reconciliación nacional (entre otros -se supone- los hijos y los nietos de los requetés carlistas). El sectarismo grupuscular y los delirios conspirativos de las declaraciones de Otegi marchan en paralelo con su comprensiva justificación de las bombas colocadas por ETA: no resulta cómodo resistirse a la conclusión de que las expectativas depositadas por el optimismo de la voluntad en un final dialogado de la violencia sean tal vez castillos en el aire.

La fantástica suposición según la cual los tribunales podrían detener los sumarios judiciales y los fiscales retirar los cargos de los procesos en curso a toque de silbato del Gobierno muestran una patética ignorancia del funcionamiento del Estado de derecho. Los "interlocutores necesarios" de un proceso de paz -condición reclamada por Otegi- deberían familiarizarse con la idea de que el principio jurídico de legalidad -la aplicación obligada de las normas- y el principio político de oportunidad -la adopción discrecional de decisiones- obedecen a lógicas diferentes. No será fácil que el final dialogado de la violencia aprobado por una moción del Congreso el pasado 17 de mayo tenga -si llega a producirse- el margen de maniobra del que dispuso el Gobierno en 1977 y la negociación con ETA político-militar en 1981. Y aunque Otegi la rechace, la colaboración del PP resultaría imprescindible a la hora de conseguir que los argumentos humanitarios prevalecieran sobre las emociones de la Ley del Talión en el caso de que la disolución de ETA hiciera factibles las medidas de reinserción y de gracia de los delitos terroristas

Aunque indignado por su breve estancia en prisión, Otegi no mostró la más mínima preocupación, en cambio, por el atentado terrorista perpetrado en Madrid hace una semana: ocurre simplemente que el Gobierno y ETA "no han alcanzado aún un acuerdo para que estas cosas no pasen". Así como algunos portavoces nacionalistas interpretaron en su día como simpáticas travesuras de los chicos de la gasolina las agresiones y destrozos de la kale borroka durante la tregua de 1998, Otegi presenta hoy los mortíferos ejercicios de pirotecnia de ETA como inofensivos castillos de fuegos artificiales.

Sin perjuicio de agradecer a la fortuna la ausencia de víctimas mortales en los 69 atentados perpetrados por los terroristas durante los últimos dos años (el saldo de heridos asciende a 127 personas), resultaría un sarcasmo atribuir ese resultado a un expreso designio de la banda, responsable técnicamente por dolo eventual de asesinato en grado de tentativa o frustración en tales casos. El cálculo de probabilidades, por lo demás, opera en contra de que la suerte de estos últimos dos años se prolongue indefinidamente: los avisos de bomba pueden ser mal interpretados por quienes los reciben, los servicios de desalojo de locales o espacios públicos corren el riesgo de llegar tarde o de equivocarse y los artificieros se juegan siempre la vida al hacer su trabajo.