El fiscal afirma que dirigentes de Unió ordenaron malversar fondos públicos
La fiscalía considera que dirigentes de Unió Democràtica (UCD) dieron indicaciones al director del Consorcio de Turismo de Cataluña, un organismo dependiente de la Generalitat, para que entre 1993 y 1995 sustrajese fondos públicos que pudieron servir para financiar al partido de Josep Antoni Duran Lleida o para lucrarse personalmente. Del mismo modo, el fiscal sostiene que esos mismos dirigentes políticos compraron el silencio del director del consorcio, Joan Cogul, y de su esposa, Carme Fargas, y les abonaron 100.000 pesetas (unos 600 euros) durante unos meses para que no explicasen las presiones que estaban recibiendo cuando en 1998 la fiscalía de Cataluña ya investigaba los hechos y se había planteado el debate político en el Parlamento de Cataluña.
El fiscal realiza estas afirmaciones en su escrito de conclusiones definitivas presentado ayer en la Audiencia de Barcelona, que desde hace semanas está juzgando la supuesta malversación de un millón de euros del Consorcio de Turismo. El supuesto delito se produjo a través del encargo a amigos o a militantes de UDC de informes sobre el sector turístico que eran burdas copias y resultaron inútiles.
En el banquillo se sientan 12 personas acusadas de prevaricación, malversación y falsedad. Inicialmente, el fiscal solicitaba para ellas penas que oscilaban entre los nueve y los cinco años y medio de cárcel, aunque finalmente ha rebajado las penas de forma considerable para casi todos ellos, después de que reconociesen los hechos y devolviesen el dinero malversado.
El abogado de la Generalitat de Cataluña, que ejerce la acusación particular, es mucho más duro que el fiscal en su escrito y asegura que en aquella época se produjo en el Departamento de Turismo "un tenebroso cuadro de desidia y corrupción", y que la malversación de fondos públicos acabó siendo "un sistema de financiación ilegal" de Unió. Iniciativa per Catalunya Verds, que también ejerce la acusación en el caso, recuerda en su escrito que la mayoría de los beneficiarios por las concesiones tenían en común su militancia en Unió.
Unió desmintió ayer en un domunicado cualquier vinculación con el caso y criticó la "hiperactividad" de la actual Generalitat en el juicio.
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