Un 'ultra' expulsado por el Atlético está implicado en el 'caso Zabaleta'

Ignacio Racionero, uno de los 11 ultras que asaltaron el entrenamiento del Atlético hace nueve días y que insultaron a jugadores y empleados está imputado y será juzgado el próximo 20 de septiembre por los delitos de desórdenes públicos y asociación ilícita. Racionero participó en los incidentes que acabaron con la vida del aficionado de la Real Sociedad Aitor Zabaleta en 1998. El Atlético había negado explícitamente la relación entre los asaltantes y el grupo Bastión 1903, al que pertenecía el ultra, y que fue disuelto tras el asesinato del seguidor donostiarra.

Jugadores y técnicos no han querido interponer denuncias, aunque se les ha instado a ello

Casi todos los miembros del grupo Bastión se mudaron a otro grupúsculo autodenominado Alameda 88, del que había al menos dos miembros en los incidentes ocurridos el pasado jueves 19 en la Ciudad Deportiva rojiblanca de Majadahonda. Fuentes cercanas a la investigación del asalto al entrenamiento han mostrado su sorpresa "por la falta de interés del club rojiblanco en castigar a los participantes". Tanto los jugadores como el cuerpo técnico se han negado a interponer denuncias individuales, aunque desde algún organismo oficial se les instó a ello.

El ultra, identificado ahora por la Guardia Civil y por el propio Atlético de Madrid, estuvo, en diciembre de 1998, 11 días en la cárcel acusado del asesinato de Zabaleta, pero quedó en libertad al quedar probado que el autor de los hechos fue Ricardo Guerra Cuadrado, condenado a 17 años. Sin embargo, Racionero afronta ahora un proceso, junto a otros diez miembros del extinto grupo neonazi Bastión -incluido Ricardo Guerra-, por desórdenes públicos y asociación ilícita, hechos que originaron el 8 de diciembre de 1998 el asesinato de Zabaleta. El juicio se iniciará el próximo 20 de septiembre, y el fiscal pide para cada uno de los acusados tres años de prisión.

Voces muy próximas a la investigación que se sigue contra los ultras que, tras derribar una valla metálica a patadas, insultaron y amenazaron de muerte a los jugadores y el cuerpo técnico del Atlético, han calificado la denuncia de la entidad del Manzanares como una manera de "cubrir el expediente". La demanda se limitaba a describir los hechos, sin citar los desperfectos materiales, y tan sólo mencionaba los insultos "mercenarios, no tenéis huevos y cabrones". El único delito perseguible de ese escrito es el de injurias leves, pero sólo en caso de que los afectados hubiesen interpuesto la demanda. Las autoridades instaron a los agraviados -jugadores y personal técnico del club- a personarse como acusación, pero todos ellos denegaron la invitación.

Algunos de los fanáticos que irrumpieron en el campo de entrenamiento escondían porras de madera. Uno de ellos, el líder del Frente Atlético, Portu, también tiene antecedentes penales por agresión. Francisco López, el cabecilla de la acción -tildada desde fuentes próximas a la investigación como "muy organizada"- se ha jactado de comer con los directivos rojiblancos.

Por otra parte, fuentes próximas a la Comisión Antiviolencia mostraron su sorpresa por el hecho de que el Atlético pusiera el mismo énfasis en señalar a los ultras que a un grupo de socios del club que increpó al palco en un par de partidos. La Comisión desestimó las quejas de la entidad contra estos últimos por estimarlas "completamente normales en un contexto futbolístico". Sin embargo, el Atlético ha expulsado a uno de estos socios, junto a los siete radicales identificados por la invasión del entrenamiento. Unos radicales que se paseaban con libertad por todas las instalaciones del club, que hablaban con los jugadores en zonas prohibidas incluso para la prensa y que campaban por el estadio. "Necesitaban entrar para preparar sus pancartas", se justifican desde el Atlético. El club también negó que alguno de los siete identificados tuviese relación con el desaparecido grupo neonazi Bastión, una escisión del Frente Alético, tres de cuyos miembros fueron procesados, y dos de ellos absueltos, por el delito de asesinato. Uno era Ignacio Racionero.