Aguirre reclama a Bono que use las plusvalías de la Operación Campamento para hacer infraestructuras

El ministro de Defensa, José Bono, y la presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, firmaron ayer un convenio por el cual el primero vende a la segunda una parte de los terrenos de la futura Operación Campamento para que el Gobierno regional levante 2.000 viviendas. Aguirre aprovechó para continuar su pulso con el Gobierno central, reprochó al ministro que no le haya cedido gratis el suelo y le pidió que invierta en la zona los 380 millones que, según ella, obtendrá Defensa en la operación. Bono respondió que el dinero se destinará a construir cuarteles.

El convenio firmado ayer establece que Defensa vende a la Comunidad de Madrid, por 33,6 millones de euros, un suelo en el que Aguirre tiene previsto construir 2.000 viviendas para jóvenes. El Gobierno regional, además, se compromete a construir dos estaciones de metro y un intercambiador en el nuevo barrio que se levantará con la Operación Campamento.

Ésta es una de las mayores operaciones urbanísticas que se desarrollarán en la región en los próximos años y también una de los más complejas, con tres administraciones -central, regional y municipal- implicadas y un retraso acumulado de 15 años.

En total, el nuevo barrio, situado junto a la carretera de Extremadura, tendrá 10.700 viviendas en una superficie de 800 hectáreas. De ellas, la Comunidad edificará 2.000 para jóvenes; el Ayuntamiento, 1.200, todas ellas protegidas, y el Gobierno central, 3.800 protegidas y 2.700 de precio libre.

Bono anunció que los viejos cuarteles militares serán derribados a partir del próximo mes de julio y las obras de las nuevas viviendas empezarán "muy probablemente" en 2007.

"Arduas negociaciones"

Aguirre aprovechó el acto de ayer para reprochar a Bono haber tenido que "comprar suelo" en lugar de que éste le haya hecho "cesiones a título gratuito". Según la presidenta regional, su Gobierno ha tenido que "ceder mucho" en unas "arduas negociaciones" para obtener unos solares destinados "íntegramente" a viviendas sociales.

Los 2.000 pisos para jóvenes que Aguirre quiere construir forman parte de las 79.000 viviendas del Plan de Vivienda Joven del Gobierno regional.

Por último, la presidenta regional solicitó a Bono que las plusvalías que Defensa obtenga por la venta del suelo sean invertidas en infraestructuras en la zona para que "no se colapse el oeste de Madrid" con los 30.000 vecinos que tendrá el nuevo barrio.

La presidenta regional cifró los beneficios que Defensa obtendrá con la venta del suelo en 380 millones. La Comunidad de Madrid mantiene que parte de este dinero debe ser destinado a financiar las infraestructuras que comunicarán el nuevo barrio con el resto de Madrid y de la región, según establece la Ley del Suelo de la Comunidad de Madrid tras la modificación aprobada el pasado 31 de marzo por el Gobierno de Aguirre.

Las afirmaciones de la presidenta no gustaron a Bono. Éste, que en su primera intervención había dicho, con tono conciliador: "En Defensa estamos para defender, y no para atacar a nadie", contestó a Aguirre que "el Ministerio de Defensa sí sabe defenderse". "Que la presidenta haga las cuentas de su Comunidad, que son muchas, y deje a los demás que hagamos las nuestras", añadió.

El ministro puso en duda la cifra de 380 millones pronunciada por Aguirre y le pidió que los cálculos los haga "amablemente" dentro de "un ámbito de cordialidad".

"Yo también tendría otros cálculos que hacer, y no los hago", siguió Bono, quien sí indicó que las plusvalías obtenidas con la venta del suelo servirán para pagar "el derribo de los cuarteles y la construcción de otros nuevos". "El dinero para la Defensa de España, según dice la Constitución, es tarea de todos y de todas", agregó.

Bono justificó asimismo la venta del suelo en lugar de la cesión gratuita al Gobierno regional. "La ley parlamentaria exige a Defensa vender en pública subasta los solares que se desafectan", declaró.

La ministra de Vivienda, María Antonia Trujillo, también presente en el acto, afirmó que la Operación Campamento compromete a las tres administraciones -central, autonómica y local-, pero quiso destacar que "la lidera" el Gobierno central porque es quien "mantiene la titularidad de la mayor parte del suelo y un porcentaje muy elevado para vivienda protegida".