El Gobierno afirma que el plan de Maragall "no va en la dirección que se buscaba"

La vicepresidenta primera del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, aseguró ayer que la propuesta de financiación autonómica presentada esta semana por la Generalitat de Cataluña "representa un cambio sustancial y no va en la dirección que buscaba" el Ejecutivo central cuando planteó modificar el sistema de financiación autonómica, acordado en julio de 2001. La vicepresidenta indicó, no obstante, que algunos de sus aspectos se "podrán debatir y negociar" en el Consejo de Política Fiscal y Financiera. "La consideramos susceptible de negociación con la totalidad del proyecto del nuevo Estatuto", señaló.

Economía presentará antes del verano su evaluación del actual sistema de financiación

La vicepresidenta aboga por mantener la cohesión y la solidaridad interterritorial

Tras la reunión del Consejo de Ministros, Fernández de la Vega aclaró que el jefe del Ejecutivo, José Luis Rodríguez Zapatero, no tiene previsto recibir en los próximos días al presidente de la Generalitat catalana, Pasqual Maragall, para hablar de la propuesta de financiación autonómica planteada por el Gobierno tripartito y que el jueves desautorizaron Zapatero y el vicepresidente económico, Pedro Solbes.

Ambos criticaron el procedimiento propuesto -como decisión unilateral de una comunidad para cambiar el modelo de financiación- y el contenido, al rechazar que una autonomía, Cataluña, asuma la recaudación de impuestos, que consideran competencia exclusiva del Estado.

La propuesta que el Gobierno tripartito catalán pretende introducir en el nuevo Estatuto que se está discutiendo prevé la recaudación de todos los impuestos por parte de Cataluña y la cesión a la Administración central de un máximo del 50% de los ingresos obtenidos por IRPF, IVA, sociedades e impuestos especiales. El nuevo sistema incluye también un mecanismo de solidaridad progresiva, que implica que la aportación de Cataluña al Gobierno central crecerá a medida que la renta catalana sea mayor que la renta estatal.

La aprobación de la propuesta requiere el apoyo de dos tercios de la Cámara catalana. El Partido Popular ya ha anunciado su rechazo, por lo que el tripartito precisaría el voto de los diputados de CiU, grupo que ha pedido, para apoyar el nuevo modelo, más financiación para Cataluña.

Fernández de la Vega recordó ayer que los objetivos que se ha marcado el Gobierno central para modificar el actual modelo de financiación autonómica, recogidos en el programa electoral del PSOE, son tres: aumentar los recursos de los gobiernos autónomos; incrementar la autonomía financiera de las comunidades y mantener la cohesión y la solidaridad interterritorial.

Zapatero comprobó en su ronda con todos los presidentes autonómicos que una de sus principales reivindicaciones, incluyendo a los dirigentes del PP, era una mejora en el sistema de financiación autonómico aprobado durante la etapa de Gobierno de José María Aznar.

La vicepresidenta primera recordó ayer, tras la reunión del Consejo de Ministros, que el procedimiento para modificar el modelo de financiación autonómica consistirá en "impulsar el acuerdo con todas las comunidades autónomas" en el seno del Consejo de Política Fiscal y Financiera y, posteriormente, ratificarlo en las Cortes. Idéntico procedimiento utilizó el anterior Gobierno, del PP, para acordar con todas las comunidades autónomas un nuevo sistema de financiación y aprobarlo en el Congreso de los Diputados.

La censura de Zapatero

Con la remisión al Consejo de Política Fiscal y Financiera, la vicepresidenta primera, María Teresa Fernández de la Vega, ratificaba ayer la censura que el pasado jueves dirigieron Zapatero y Solbes a la propuesta de financiación autonómica del Gobierno de la Generalitat. Ambos rechazaron la posibilidad, como pretende la Generalitat catalana, de que una comunidad autónoma decida unilateralmente su modelo de financiación.

También confirmó que el Gobierno central no presentará su modelo de financiación autonómica hasta que el Consejo de Política Fiscal y Financiera haga público el informe de balance del funcionamiento del modelo vigente, acordado por todas las comunidades autónomas en julio de 2001, lo que sucederá antes de las vacaciones del verano.

Fernández de la Vega también aclaró que algunos de los aspectos del modelo de financiación autonómica de la Generalitat catalana se podrán "debatir y negociar" en el Consejo de Política Fiscal y Financiera. "Una vez que el vicepresidente económico presente el balance del ejercicio del actual modelo, se verá la propuesta del Gobierno con el conjunto de las comunidades autónomas en el Consejo de Política Fiscal y Financiera, junto con otras propuestas, como la que acabamos de conocer de Cataluña", señaló la vicepresidenta.

El Gobierno socialista no tendrá en cuenta la propuesta catalana de que una comunidad autónoma pueda recaudar impuestos y luego ceder una parte al Estado, como sucede en el País Vasco y en Navarra. El pasado jueves, el vicepresidente segundo y ministro de Economía, Pedro Solbes, dejó claro que esa era una competencia exclusiva del Estado.

Por su parte, el ministro de Defensa y ex presidente de la Junta de Castilla-La Mancha, José Bono, que acompañó a la vicepresidenta en la conferencia de prensa posterior al Consejo de Ministros, se limitó a señalar: "Ayer me dijeron que dijera lo que el vicepresidente económico iba a declarar y hoy me remito a los que diga la vicepresidenta que, sobre este asunto, tiene bastante más autoridad que yo". Por segundo día, Bono se negó a opinar sobre el modelo propuesto por el Gobierno catalán.