El PP rechaza la comisión de investigación sobre la grúa de Valencia y reprueba a la oposición

El equipo de gobierno que dirige la alcaldesa de Valencia, Rita Barberá, respondió ayer a las exigencias de la oposición de que se aclare la gestión de la grúa y se cree una comisión de investigación con una reprobación. El PP, tras rechazar irregularidades en el achatarramiento de coches retirados por la grúa, aprobó una moción defendida por el concejal Miguel Domínguez en la que se acusa a socialistas y EU-L'Entesa de intentar "generar alarma social". El grupo popular aceptó en el mismo pleno que los tres grupos redacten un código ético de buen gobierno tras un pacto alcanzado la víspera mientras Domínguez atacaba la propuesta del PSPV y la calificaba de oportunista.

El responsable de Policía Local, Miguel Domínguez, fue especialmente duro con la concejal de EU-L'Entesa, María Victoria González, quien denunció la semana pasada la supuesta "desaparición" de 2.000 vehículos entre 2002 y 2005 que "en el mejor de los casos" habrían sido convertidos en chatarra a falta de cumplir todos los trámites. Domínguez acusó a la concejal de falta de ética, de decir "falacias y mentiras", y de orquestar una persecución a su delegación y la contrata de la grúa, Cleop-Servicleop, y rechazó la comisión de investigación que pidió. A la solicitud de la comisión se sumó el concejal Matías Alonso, quien recordó que esperaba datos desde marzo y denunció la "nefasta gestión" en la grúa.

El PP dio por aclaradas las dudas y reprobó la "actuación" de la oposición al considerar que son un intento de "generar una alarma social". El portavoz socialista, Rafael Rubio, pidió a la alcaldesa que leyera de nuevo ese párrafo antes de que el PP aprobara la moción. Barberá refrendó que "se reprueban actitudes que faltan a la ética".

PSPV y EU-L'Entesa no se dieron por satisfechos con las explicaciones y mantuvieron sus críticas respecto de la tramitación seguida con los vehículos. Según la respuesta de Domínguez a los socialistas, entre 2003 y 2005 se han retirado 29.792 coches abandonados o inmovilizados; han pasado a ser chatarra 14.930, y otros 1.960 se quemaron en un incendio. A pesar de este volumen de vehículos, "tan sólo se han tramitado diez expedientes de responsabilidad patrimonial" por denuncias de propietarios, enfatizó Domínguez. En relación con siete ejemplos de coches inmovilizados y supuestamente achatarrados en pocos días que figuraban en la moción de EU-L'Entesa, Domínguez respondió ayer que las fechas de destrucción son falsas y cuestionó la forma de González de conseguir la lista de 2.000 vehículos, que entregó ayer al PP.

En su respuesta, Domínguez remite al PSPV a las oficinas de la empresa para ver documentación de los coches. Rubio pedirá ver los expedientes completos en dependencias municipales, ya que en al menos uno faltan certificados de achatarramiento que debe aportar una segunda contrata y hay papeles de la grúa que carecen de firmas necesarias.

Las referencias a la ética y los principios de un buen gobierno fueron el centro ayer de otra moción propuesta por el grupo socialista para redactar un código que rija la actuación de los miembros de la Corporación. El PP propuso como alternativa crear una comisión de los tres grupos para redactar un código consensuado en tres meses. Y lo hizo tras alcanzar un pacto con la oposición el viernes, el mismo día en que Domínguez, ante la sorpresa de los socialistas, arremetió contra la propuesta. Rubio llamó entonces al teniente de alcalde, Alfonso Grau, para saber si había cambiado de opinión sobre el acuerdo. Fuentes municipales negaron ayer la falta de coordinación en el grupo popular. Sin embargo, Domínguez se ausentó del pleno durante el debate y votación del acuerdo.

El PP aprobó también ayer, con el voto en contra de la oposición, el acuerdo con las empresas Altadis y Ballester para la permuta del edificio de Tabacalera. Rubio calificó de nuevo la operación de "pelotazo" que supone "malvender" el patrimonio municipal y responsabilizó de ello a la alcaldesa. Grau acusó al PSPV de "confundir a la gente" y rechazó las críticas, que tampoco aceptó el PP en la aprobación del plan especial de Russafa, que permite sobreelevados en 84 edificios que la Consejería de Cultura recomienda no hacer.