En la cola del empadronamiento

Abdeljalil, Mohamed, Abdel... han pasado de jugarse su futuro en una patera a jugárselo en una ventanilla del Ayuntamiento de El Ejido. La palabra española que más y mejor pronuncian estos extranjeros indocumentados es "empadronamiento". Se ha convertido en una obsesión para ellos desde que la semana pasada el ministro de Trabajo, Jesús Caldera, anunciara que se iban a flexibilizar las condiciones para obtenerlo, dado que era uno de los requisitos indispensables para regularizarse en ese proceso llamado de "normalización", que comenzó el pasado 7 de febrero y que concluye el 7 de mayo. Su obsesión es tal que parecen haberse olvidado de los otros requisitos: tener un contrato de trabajo y un certificado de antecedentes penales.

Los funcionarios municipales disciernen y deciden a discreción la validez de los papeles

La pregunta más repetida en las colas de los inmigrantes es: "¿Este papel sirve?"

Pero el tiempo apremia y los inmigrantes se afanan en encontrar "pruebas" que demuestren que estaban en España antes del 8 de agosto de 2004, fecha límite para acogerse al proceso.

Y esta semana ha ocurrido lo previsible. Decenas de ayuntamientos, sobre todo aquellos municipios que cuentan con una población inmigrante importante como los de la costa mediterránea, se han visto desbordados ante las inmensas colas que se formaban a sus puertas.

Los alcaldes de esos municipios, en su mayoría del PP, ponían el grito en el cielo: "Nos han pasado el marrón a nosotros", decía Daniel García, alcalde de Torre Pacheco (Murcia); "ahora nos dan a nosotros la patata caliente", se quejaba Gabriel Amat, edil de Roquetas de Mar (Almería); "nos echan a nosotros la pelota", se lamentaba Juan Enciso, en El Ejido (Almería); "vamos a presentar mociones en los ayuntamientos afectados para que el Gobierno nos dote de recursos materiales y humanos", anunciaba Juan José Volante, alcalde de Moguer, municipio fresero de Huelva.

Y ahí estaban los inmigrantes, de todas nacionalidades, a las puertas de sus consistorios, armados con carpetas llenas de todos los papeles que habían sido capaces de reunir durante su ajetreada estancia en España.

Porque detrás de cada uno de ellos hay, no una historia de inmigración, sino muchas. "He venido tres veces en patera", cuenta en la cola del Ayuntamiento de El Ejido Abdeljalil Lahmama, un marroquí de 30 años. "La primera, llegué aquí y me fui a Italia, pero me devolvieron a Marruecos. Volví otra vez y trabajé en Almería, Murcia, Huelva y Jaén, hasta que me abrieron un expediente de expulsión. Y regresé, por última vez, y estuve aquí y luego me fui a Valladolid. Siempre detrás del trabajo, buscando la vida", cuenta.

Y de cada uno de sus viajes aporta una prueba: dos tarjetas sanitarias, una de El Ejido en 2001 y otra de Huelva en 2003; varios partes sanitarios del Hospital del Poniente (El Ejido): "Ingresa trasladado por la Guardia Civil al llevar tres días en una patera..."; un certificado de solicitud de permiso de residencia denegado en Úbeda (Jaén) de julio de 2003; un extracto de su cuenta en Caja Murcia; y un expediente de expulsión abierto en Valladolid en 2003. Paradójicamente, este último es una de las mejores pruebas que tiene para demostrar su estancia en el país y coincide con uno de los siete documentos que el ministerio dará por válidos para reconocer lo que han llamado el "empadronamiento retroactivo o por omisión".

"¿Éste papel sirve?". Es la pregunta más repetida en las colas de inmigrantes. Y la peor contestada. Los funcionarios de los ayuntamientos, que han tenido que dar números hasta mayo y que abren mañanas y tardes, actúan sobre la marcha y se aprenden los requisitos al mismo tiempo. Tienen el listado de "documentos públicos que acreditan la estancia en España con anterioridad al 8 de agosto de 2004": una copia de solicitud de empadronamiento denegada, tarjeta de residencia sanitaria, copia de solicitud de escolarización, copia de alguna solicitud realizada a los servicios sociales, certificado de alta de la seguridad social, copia de solicitud de asilo y notificaciones emitidas por el Ministerio del Interior. Siete, ni más ni menos.

"¿Por qué esos siete?", se pregunta Juan Miralles, responsable de la ONG Andalucía Acoge, que estos días recibe a inmigrantes con toda clase de papeles. "Porque son los que propuso el Consejo de Empadronamiento en su resolución del pasado 14 de abril. Debían ser documentos públicos y con registro para poder contrastar su veracidad", responde Consuelo Rumí, secretaria de Estado de Inmigración.

"¿Por qué no vale un certificado de escolarización de adultos, o uno de Correos, que también llevan sus nombres? Los abogados que colaboraron en el Reglamento hablaban de documentos sujetos a Derecho", replica Miralles.

Según Julio Ortiz, responsable de inmigración de CC OO, los siete documentos estipulados son algunos de los que se propusieron en las primeras reuniones, "si bien es cierto que a otros no se hace referencia, como los certificados de estudios. Pero eso lo deben valorar los ayuntamientos. De hecho, el Ayuntamiento de Madrid está admitiendo el abono transporte".

Lo cierto es que todos esos documentos y muchos más son los que están aportando los inmigrantes y son los funcionarios municipales los que terminan por decidir, a veces de forma precipitada, su validez. De hecho, las diferencias en la interpretación de las condiciones ha obligado a que esta misma semana se enviase una aclaración a los consistorios especificando qué documentos no eran válidos: cartillas del banco, certificados médicos, certificados de ONG, pasaportes con visados, informes de la Policía Local...

La llamada normalización estaba basada en la realidad laboral y pretendía hacer aflorar el trabajo ilegal y la economía sumergida, que según algunos estudios en España alcanza un 20% del PIB (7.800 millones de euros). Dejaba así casi todo en manos de los empresarios, que debían contratar a los indocumentados con los que trabajaban o querían hacerlo.

Sin embargo, los requisitos, como el empadronamiento o el certificado de penales, requeridos a los inmigrantes, son cuestiones complicadas para ellos y que requieren una burocracia que les desborda porque implica la solicitud de documentos a sus países de origen. La mayoría no están empadronados, por miedo, por ignorancia o porque no han podido hacerlo a falta de un domicilio oficial. Ya que, si otro problema ha salido a la palestra con este proceso, ha sido el de la vivienda. Muchísimos inmigrantes viven hacinados en casas o en infraviviendas, como ocurre en El Ejido con los 300 que residen en el invernadero de San Isidro.

"Es una situación conocida por todos. Ésa es la realidad que habría que normalizar. Ahora tenemos una regularización sujeta a un posible empadronamiento con requisitos arbitrarios", dice Miralles.

Ante el fracaso del proceso por la falta de solicitudes presentadas (algo más de 330.000 la semana pasada y se estimaba que en España había cerca de un millón de inmigrantes irregulares trabajando), el Gobierno decidió "flexibilizar" el empadronamiento dejando que aportaran otros documentos que certificasen su presencia en el país.

"Las demandas de los agentes sociales ante la diversa casuística nos hizo replantearnos la situación. La Mesa de Diálogo Social lo estudió y encontró una figura legal, el empadronamiento por omisión, que podía dar respuesta a esas situaciones injustas. Lo pusimos en marcha en cuanto encontramos la vía legal", explica Rumí.

Para las asociaciones de inmigrantes, demasiado tarde: "La modificación está bien pero llega tarde. Los empresarios ya están terminando la temporada y no hacen contratos", dice Hanafi Hamza, responsable de Atime en Almería.

Y ahora hay inmigrantes "con papeles" que no tienen empresario que le contrate. Y empresarios con indocumentados "sin pruebas". Y las mafias funcionan. Unos venden o falsifican documentos, como han denunciado ya los ayuntamientos de El Ejido y de Roquetas. Y otros venden contratos: "Sé que hay empresarios que comercian con contratos de trabajo o que imponen condiciones que rozan la ilegalidad", asegura Inmaculada Rodríguez, responsable de inmigración de CC OO en Almería.

Y en las colas se ve y se oye de todo. "Los contratos están muy caros: 2.000 euros", dice Mohamed, un inmigrante marroquí que lleva 17 años en España y que les cobra 50 euros a sus compatriotas por hacer de intérprete y "ayudarles" en la tramitación del empadronamiento en el Ayuntamiento de El Ejido. "Véndeme tu número mientras consigues los papeles", le dice Abdel a otro compatriota al que le faltan documentos pero que tiene cita varios días antes que él, que ya los tiene. "¡Ya tengo contrato!, 1.500 euros", exclama Abdeljalil.

Por la marcha del proceso (casi 435.000 solicitudes el viernes), más de medio millón de empleos ilegales saldrán a la luz, pero nadie duda de que la bolsa de indocumentados persistirá. Hasta la próxima regularización.