Andalucía Acoge demanda un millón de euros por los inmigrantes fallecidos en la comisaría de Málaga

La organización Andalucía Acoge busca pertinaz una solución para los familiares de cuatro de los siete inmigrantes fallecidos y un herido grave en el incendio de la Comisaría Provincial de Málaga en 2002. Una vez que la Audiencia archivó el caso por vía penal hace un año, la ONG solicita ahora la responsabilidad patrimonial del Estado, al que considera responsable civil de que la comisaría no contara con los medios para atajar el incendio, y pretende obtener una indemnización de un millón de euros para los familiares de cinco de las víctimas involucradas.

"Ya está bien. Hace tres años murieron inmigrantes humildes en una comisaría y nadie ha contactado ni siquiera para pedir disculpas. Queremos sensibilidad, y que se note el nuevo talante del Gobierno", exigió ayer José Luis Rodríguez, coordinador del gabinete jurídico de Andalucía Acoge y que considera que el Estado es responsable civil del fatal incendio, ya que no había puesto todos los medios necesarios para poder extinguirlo.

Los responsables de Andalucía Acoge presentaron en la Subdelegación del Gobierno en Málaga la nueva demanda y la documentación del proceso cerrado por vía penal hace ahora un año. Son más de 300 folios que contienen las pruebas que la organización estima determinantes, y ayer sus responsables se mostraron optimistas con vistas a obtener una compensación para los familiares de las víctimas.

La documentación adjunta los testimonios judiciales que ponen de manifiesto "que se encerró a uno de los provocadores del incendio, que tenía antecedentes penales, con otras 36 personas más", según denunció ayer Luis Portero, letrado que colabora con Andalucía Acoge.Portero criticó ayer la negligencia en la que incurrieron los responsables de la comisaría: "Al cargo de la comisaría estaba un solo funcionario sin experiencia previa en calabozos ni en el manejo de extintores. No había plan contra incendios adecuado en la comisaría, y en el atestado policial el policía confesó que llegó incluso a darles fuego para que fumaran. En definitiva, un inepto", añadió.

A partir de ahora la Administración evaluará la reclamación de un millón de euros y pedirá un dictamen al Consejo de Estado antes de pronunciarse acerca de si concede la indemnización y su cuantía. El plazo habitual suele ser de un año, pero Portero estima que la resolución se conocerá en cinco meses "a lo sumo", ya que no es necesario recabar pruebas tras el proceso penal.

El letrado de la ONG también fue crítico con el Gobierno marroquí, al que culpó de no haber presionado para que el Ejecutivo conceda las indemnizaciones y asuma su responsabilidad por las precarias condiciones en las que se encontraba la comisaría. Rodríguez se encuentra a la espera de que el Ministerio del Interior proponga un interlocutor para llegar a un acuerdo con las víctimas, y ayer aclaró que la defensa que ejerce no representa a los dos presuntos responsables del incendio.

El incendio se originó en los calabozos de la comisaría provincial de Málaga el 27 de diciembre de 2002, cuando el presunto jefe de una red de tráfico de inmigrantes, Patrick Ajardán, y el patrón de una patera, Abderraman Bouzian, le prendieron fuego a los colchones con la intención de huir e iniciaron las llamas que posteriormente acabaron con sus vidas y la de otros cinco inmigrantes. El fuego se propagó con rapidez y muchos de ellos murieron por quemaduras, pero también por asfixia e inhalación de humos. De los diez supervivientes, siete fueron expulsados al día siguiente y otros tres permanecen en España.

Mientras Interior estima la demanda, el padre de una de las víctimas, Salah Karim, clama que a sus 63 años y con su esposa enferma, no puede alimentar a sus tres nietos, huérfanos tras el incendio en que pereció Radi Karim. Su único hijo abandonó Beni Mallal, en el sur de Marruecos, para probar suerte en Europa, hasta que nada más cruzar el Estrecho se topó con las llamas entre rejas.