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Los vecinos del Carmel rechazan los 10.000 euros que ofrece la Generalitat

Lluís Pellicer

La Asociación de Vecinos del Carmel rechazó ayer la oferta de 10.000 euros por persona que ha realizado la Generalitat para indemnizar los daños morales que los 1.000 vecinos que volverán a su casa han podido sufrir a causa de su desalojo. Los portavoces que representan a 140 familias decidieron en asamblea que no aceptarán ninguna cantidad inferior a los 15.000 euros por persona, y consideraron la posibilidad de convocar una manifestación para presionar a la Administración.

La última oferta del Gobierno catalán satisface a unos y deja descontentos a otros. La Asociación de Vecinos del Carmel, que representa a unas 140 familias afectadas, decidió en asamblea que exigirá a la Generalitat que las indemnizaciones sean como mínimo de 15.000 euros para cada afectado que conserva su piso. "Los portavoces de cada escalera de vecinos que han optado por trabajar con nuestra entidad acordaron que no se aceptará menos de la mitad de lo que recibieron los que han quedado ya sin su piso, y vamos a luchar para conseguirlo", aseguró el secretario de la asociación, Constantino Enguídanos. A ello se añaden las "mejoras sociales" que la entidad seguirá reclamando y son el arreglo de todas las fachadas, la instalación de ascensores en los edificios, la creación de parques y aparcamientos para los vecinos y la conexión a Internet con ADSL para todas las viviendas.

Unos 300 vecinos se reunirán hoy con sus abogados para examinar los acuerdos alcanzados hasta ahora y decidir si aceptan las indemnizaciones. Pedro García, que ha estado las reuniones entre la Generalitat y los letrados como representante de los vecinos, aseguró que no está preocupado por las compensaciones por los daños morales, sino por la fórmula que adoptará la Generalitat para garantizarle una vivienda si al final opta por no volver a su ático del pasaje de Calafell.

El Gobierno catalán comprará los pisos si los afectados que quieran venderlos se ven perjudicados por una posible pérdida de valor de las viviendas. En caso de permuta de pisos -a la que sólo podrán acceder los que residían en los 12 inmuebles que serán recimentados-, la Generalitat procurará que los vecinos no tengan que pagar más si los pisos protegidos que les facilite son mejores que las que tenían antes. "Si se decide que la indemnización sea de 10.000 euros, lo aceptaré. Pero no acepto que el acuerdo no concrete con detalle las condiciones sobre la vivienda. Los que se quedaron sin piso, como es lógico, sabían dónde iban a ir. Si yo decido cambiar el mío por otro, también quiero saber cuál va a ser", afirmó García.

Algunos vecinos que viven fuera de la zona desalojada también se plantean pedir indemnizaciones. El presidente de la Asociación de Damnificados, Tomàs García, aseguró que los 10.000 euros que ofrece la Administración son "un insulto" porque no cubren los gastos que tendrán que efectuar los vecinos para reparar sus casas.

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Sobre la firma

Lluís Pellicer
Es jefe de sección de Nacional de EL PAÍS. Antes fue jefe de Economía, corresponsal en Bruselas y redactor en Barcelona. Ha cubierto la crisis inmobiliaria de 2008, las reuniones del BCE y las cumbres del FMI. Licenciado en Periodismo por la Universitat Autònoma de Barcelona, ha cursado el programa de desarrollo directivo de IESE.

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