347 arquitectos de 37 países optan al diseño del Campus de la Justicia de Valdebebas

El concurso para diseñar la futura Ciudad de la Justicia, un enorme complejo judicial que la Comunidad de Madrid quiere construir en Valdebebas (Barajas), ya cuenta con 347 propuestas de otros tantos estudios de arquitectura. Los proyectos para levantar esta ciudad judicial han llegado de 37 países diferentes. De esta manera queda definitivamente archivada la propuesta que el anterior Gobierno regional encabezado por Alberto Ruiz-Gallardón había redactado y que situaba este complejo en los terrenos de la Operación Chamartín, al norte de la ciudad.

El vicepresidente segundo del Gobierno regional, Alfredo Prada, dio a conocer ayer la "satisfactoria" acogida que ha tenido, a nivel nacional y mundial, el concurso para elegir el proyecto que permitirá desarrollar, en una parcela de Valdebebas de más de 300.000 metros cuadrados, uno de los Campus de la Justicia más importantes de Europa, equiparable sólo a los de Viena o Tokio.

Según explicó Prada, una vez concluido el plazo de inscripción del concurso, España encabeza la representación de arquitectos o estudios de arquitectura que concurren, con 193 inscripciones, 111 de las cuales han sido hechas por profesionales de la Comunidad de Madrid.

Le siguen las inscripciones efectuadas por profesionales de Alemania (18); Portugal (14); Argentina (13); Estados Unidos e Inglaterra (11 cada una); Holanda (10); Francia (9); Italia y Brasil (8); Japón y México (6); Finlandia (5) y Grecia (4); Polonia y Egipto (3 cada uno) y Suiza, Turquía, China, Bélgica y Australia, con dos representantes cada uno, aunque también hay candidatos de países, como, por ejemplo, Bielorrusia, Malasia o India.

Los seis mejores proyectos pasarán a la final y entre ellos se elegirá el ganador el próximo 15 de julio, decisión que corresponderá adoptar a un jurado compuesto por nueve miembros, todos ellos arquitectos excepto dos: el presidente y consejero de Justicia e Interior, y el presidente del Tribunal Superior de Justicia, Javier María Casas, que será uno de los vocales.

Actualmente faltan por designar cuatro miembros del jurado, cuyas identidades se conocerán antes del próximo día 26, fecha tope para el primer plazo de presentación de proyectos del concurso internacional.

El vicepresidente segundo explicó que han quedado fuera de la selección 67 arquitectos o estudios por no cumplir las bases exigidas y destacó que más de 3.000 profesionales de todo el mundo se han bajado por Internet, en inglés o en español, los cinco tomos que reflejaban las características y las bases del concurso de ideas.

Los mejores proyectos se repartirán un millón de euros en premios en metálico, distribuidos en 420.000 euros para el ganador; 240.000 para el segundo; y 120.000 para el tercero, con tres accésit de 60.000 euros cada uno y cinco menciones, que recibirán 8.000 euros.

Anonimato

El vicepresidente segundo indicó que, para garantizar la "transparencia y neutralidad" se mantendrá el anonimato de los autores de los proyectos hasta que se seleccionen los seis finalistas que presentarán en Madrid las maquetas y las características de sus diseños días antes de que el jurado emita su fallo. Sin embargo en la página web del concurso se puede acceder a un listado de los despachos que han presentado propuestas.

Por su parte, el vicedecano del Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid, Bernardo Ynzenga, manifestó que "la mejor manera" de elegir proyectos para una obra pública como ésta "que es de todos" es el sistema de concursos pues, dijo, es "rápido, eficaz y barato" y suscita en los arquitectos "una ilusión" que les permite "hacer un trabajo inusual donde pueden volcar" su faceta "más creativa".

Ynzenga equiparó el concurso del Campus de la Justicia con el que se convocó para ampliar el Museo del Prado, mientras que Prada indicó que el proyecto ganador servirá de base para el resultado definitivo aunque, según dijo, cabe la posibilidad de que se convoquen posteriores concursos para algunos de los edificios que albergarán las sedes judiciales.

En estos edificios estarán unificadas las 19 sedes judiciales ahora dispersas por la ciudad, como el Tribunal Superior de Justicia, la Audiencia Provincial, los Juzgados de Guardia y de Menores, la Fiscalía, el Instituto Anatómico Forense o el Registro Civil, todo ello con una inversión global aproximada de 300 millones de euros.

En 1996, el entonces presidente de la Comunidad, Alberto Ruiz-Gallardón, acordó con la entonces ministra de Justicia, Margarita Mariscal de Gante, la construcción de un complejo que aglutinará las sedes judiciales dispersas por toda la capital.

Entonces, una asociación vecinal de Villaverde ofreció un terreno de 270.000 metros cuadrados para levantarla, pero a Ruiz-Gallardón no le gustó el emplazamiento. Más tarde, en 1999, el hoy alcalde anunció que este complejo se levantaría en las cocheras de Metro situadas en la plaza de Castilla. En enero de 2002, el entonces alcalde, José María Álvarez del Manzano, pidió que el campus de la justicia se levantara en los antiguos cuarteles de Campamento. Tan sólo cinco meses después, Ruiz-Gallardón volvió a cambiar de opinión y situó el complejo en el marco de la Operación Chamartín.