¿A dónde van nuestras cajas?

En los últimos meses nuestras entidades financieras más emblemáticas han aparecido en diversas ocasiones en los medios de comunicación con un tono muy alejado de la placidez tradicional con que se ha envuelto el devenir de las cajas de ahorro. Algo pasa en las cajas valencianas, y esa agitación mediática no deja de ser el reflejo de que algo se mueve, aunque para el profano aún resulte difícil señalar hacia dónde.

Una cuestión importante para entender qué ocurre es el hecho de que las cajas hace tiempo que dejaron de ser entidades financiero-benéficas, mitad hucha, mitad obra social, y se han convertido en entidades financieras con mayúsculas, capaces de competir por tamaño de negocio con los mayores bancos de España. Es cierto que mantienen una obra social, cada vez más cultural, que se financia con un porcentaje en torno al veinticinco por ciento de sus beneficios anuales, lo que supone una nada despreciable suma gastada en mejorar nuestro bienestar. Pero la pervivencia de la obra social difícilmente puede servir, por sí sola, para justificar la existencia de unas entidades que se crearon con la finalidad de acabar con la usura y fomentar el ahorro popular. Dado que estas finalidades están hoy lejos del negocio principal de las cajas será preciso analizar cuáles son las razones que justificarían el perfil social y semipúblico que se les supone.

Una primera idea que me gustaría exponer es que las cajas de ahorros manejan hoy un volumen de recursos financieros tan importante que sus decisiones resultan trascendentales para el futuro de la economía valenciana. Por tanto, una clave para valorar la actuación social de las cajas es analizar hacia qué actividades y sectores se dirigen sus intereses y cuáles son los efectos de estas actividades. Lo primero que llama la atención es que una buena parte del negocio de las cajas se dirige hacia el sector inmobiliario. De forma directa o indirecta, como promotores, adquirentes de terrenos, urbanizadores, mediante la participación o el crédito a empresas de la construcción o a través de su posicionamiento en el mercado hipotecario, las cajas han centrado su actividad en el sector en que se han producido los más espectaculares beneficios especulativos en los últimos años. Si se analizan con detenimiento los activos de las cajas es posible comprobar que detentan el poder en buena parte de nuestro mercado inmobiliario, y ésta es una situación que no tiende a remitir, sino que, por el contrario, se consolida como una alternativa de futuro.

Naturalmente, esto ha provocado que los últimos años hayan sido los mejores para las cajas en términos de beneficios, y que, a su vez, estos beneficios sirvan como justificación de la estrategia seguida. Pero que los directivos se ufanen de los resultados no despeja las dudas de si, desde un punto de vista social, esta estrategia resulta justificable ni sostenible, primero, porque la actividad de las cajas ha contribuido sin duda al poco ordenado crecimiento del sector inmobiliario y al desarrollo de un modelo económico cuestionable, basado en la sobreexplotación del suelo y de los recursos naturales y, segundo, porque los beneficios o perjuicios sociales que se derivan de esta estrategia empresarial nunca pueden ser compensados por los beneficios puramente contables que obtienen las cajas.

Tampoco resulta muy justificable desde un punto de vista social la contribución de las cajas a la deslocalización de determinadas actividades económicas. La realización de inversiones millonarias de nuestras entidades financieras en destinos turísticos emergentes en otras latitudes pueden tener una justificación impecable desde el punto de vista de la rentabilidad empresarial, pero ante los ciudadanos valencianos resulta poco justificable cuando estos destinos son competidores directos de nuestra oferta turística y cuando nuestro sector turístico precisa de cuantiosas inversiones para su diversificación y para dotarlo de elementos de calidad que refuercen su posición en los mercados mundiales. Éste es, por tanto, un nuevo caso en el que la lógica empresarial se antepone a consideraciones sociales o simplemente de priorización de nuestros intereses como colectividad.

Por el contrario, aquellas actuaciones que, sin perder de vista el rédito empresarial, dotarían de contenido social a las cajas y colaborarían a mantener su imagen de instituciones próximas a la ciudadanía se encuentran poco favorecidas en su estrategia actual. Una amplia actuación de estas entidades financieras en el mercado de las viviendas protegidas, con objeto de facilitar el acceso de nuestros jóvenes a viviendas dignas, o una apuesta por reforzar los sectores estratégicos de nuestra industria, apostando no sólo por los sectores históricos, sino por nuevos sectores de alto contenido tecnológico, con objeto de asegurar nuestro desarrollo económico futuro y la creación de puestos de trabajo, supondrían aunar negocio financiero con rentabilidad social, más allá de los estrechos límites de la obra social.

Se trata, por tanto, de introducir estos elementos en la agenda estratégica de las cajas en el menor plazo posible. Sin embargo, éste es un objetivo difícilmente alcanzable dada la dinámica interna en que las cajas se encuentran actualmente, con unos equipos directivos que gozan de gran autonomía, pero cuya justificación de grupo y personal descansa sobre todo en la cifra de resultados que cada año puedan presentar, y unos órganos de gobierno poco profesionalizados y alejados en la práctica de la elaboración estratégica de las entidades, cuando no enzarzados en disputas políticas que trascienden el ámbito de la entidad financiera. Y éste es un asunto en el que, como en tantos otros, no parece haber ninguna decisión política por parte del Gobierno autonómico para orientar la actuación de un sector económico que resulta clave para nuestro futuro.

Enrique Villarreal es secretario de Economía, Hacienda y Empleo del PSPV-PSOE.