Cerca de 800 vecinos del barrio del Carmel siguen desalojados dos meses después del socavón

Dos meses después del desprendimiento de tierras en las obras de prolongación de la línea 5 del metro -que originaron un socavón de grandes dimensiones-, unos 800 vecinos del barrio barcelonés del Carmel continúan desalojados de sus viviendas. Aun así, la atención se centra ahora en el conflicto por las indemnizaciones que mantienen la Generalitat y los vecinos que no han perdido su casa, que cuentan con el asesoramiento de abogados especializados. El derribo de las tres fincas con daños estructurales, por otra parte, empezó hace una semana, y se realiza de forma manual.

La mayoría de los desalojados reside desde hace dos meses en una docena de hoteles de la ciudad, mientras que el resto, casi 200, vive en casas de familiares o amigos. La aparición el pasado 27 de enero de un gran socavón en el túnel de maniobras de la línea 5 del metro mantiene convulsionado a este barrio barcelonés y ha abierto una tormenta política saldada hasta ahora con dos dimisiones de altos cargos, la creación de una comisión de investigación parlamentaria y las disculpas ofrecidas por el presidente de la Generalitat, Pasqual Maragall, tras la polémica generada por él mismo al insinuar el supuesto cobro de comisiones por parte de CiU en la adjudicación de obra pública, informa la agencia Efe.

A raíz del primer desprendimiento, se registraron numerosos movimientos en el área más afectada, por lo que se procedió al sellado del túnel de maniobras, una vez derribada la finca del número 10 del pasaje de Calafell, con 14.700 metros cúbicos de hormigón. Las primeras investigaciones permitieron descubrir que el proyecto inicial -adjudicado a las constructoras FCC, Copisa y Comsa, bajo la dirección de obra de las ingenierías TEC-4 y Geocontrol- fue modificado durante el primer año en su trazado y en la ubicación del túnel de maniobras sin control administrativo, ya que existía un proyecto, pero éste nunca fue aprobado.

Especialmente controvertida fue la decisión de situar este túnel auxiliar en un terreno "torturado" e inestable como el del Carmel, por donde transcurrían numerosas rieras, mientras la alarma social por grietas supuestamente ocasionadas por obras subterráneas se extendía a otros barrios de Barcelona. En medio de esta polémica, el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, visitó el barrio y anunció, entre otras ayudas, una de 16 millones de euros para rehabilitarlo.

Tres plenos extraordinarios

La crisis del Carmel ha motivado en estos dos meses la celebración de tres plenos extraordinarios, una moción de censura del PP contra el Gobierno catalán -que fue retirada en el último momento- y la apertura de una investigación judicial a raíz de una querella presentada por dos comerciantes del barrio por estragos y daños.

El consejero de Obras Públicas, Joaquim Nadal, anunciaba el pasado día 22 que unos 600 de los cerca de 1.000 desalojados podrían volver en breve y de forma gradual a sus casas, aunque la gran mayoría de los mismos bloquearon el retorno con su negativa a permitir que se inspeccionaran sus viviendas.

En plena crisis, Nadal anunció reformas en la concesión de obra pública, la paralización de las obras de la línea 5 para revisar todo el proyecto, y el ejercicio de acciones legales contra las constructoras para que respondan de los daños causados. También se logró el pasado 2 de marzo un acuerdo con las 34 familias que han perdido sus casas, que obtendrán un piso nuevo, cuyo valor será superior en 30.000 euros al que resulte de la tasación del que poseían, además de 70.000 euros por el contenido de sus pisos, 10.000 euros adicionales por persona a partir del segundo miembro de la unidad familiar y 30.000 euros por daños morales para cada persona.

La vuelta a la normalidad en el Carmel queda aún lejos, pues el derribo de los tres edificios que están en mal estado se prolongará más de lo previsto. A esto se suma el necesario refuerzo de los cimientos de una docena de fincas, que durará unos cinco meses, y a la difícil tarea de acelerar las inspecciones y de arreglar los desperfectos. La última encuesta municipal señala que el 37% de los barceloneses considera que el Gobierno tripartito ha gestionado "mal o muy mal" el último trimestre.