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LAS ELECCIONES VASCAS

Gobierno y fiscalía denuncian vínculos con ETA de 15 candidatos de Aukera Guztiak

El Supremo acuerda suspender la entrega del censo electoral a la plataforma impugnada

El Gobierno, a través de la Abogacía del Estado, y la fiscalía presentaron el jueves ante el Tribunal Supremo sus respectivas demandas de impugnación de la lista de Aukera Guztiak (AG), sobre la base de que dicha candidatura obedece "al designio de ETA y a su deseo de no perder representación institucional". La denominada lista blanca de Batasuna no parece tan limpia como se creía a tenor de que los demandantes aseguran que una quincena de candidatos tienen "estrechas vinculaciones" con el mundo de ETA-Batasuna. El Supremo acordó cautelarmente que no se entregue el censo electoral a AG.

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La demanda del Gobierno, de 80 folios de extensión, fue presentada por el jefe de la Abogacía del Estado, Joaquín de Fuentes Bardají, poco antes de las nueve y media de la mañana en el Tribunal Supremo. La del Ministerio Fiscal, firmada por el fiscal jefe de la Sala de lo Contencioso, Mariano Fernández Bermejo, tiene 25 folios y fue entregada poco antes de la una de la tarde.

A esa hora comenzó su primera reunión la Sala Especial del Tribunal Supremo, integrada por 16 magistrados que acordaron estimar la petición del Abogado del Estado y suspender la entrega del censo electoral a la candidatura Aukera Guztiak, según fuentes de la sala. Esta suspensión ya fue acordada en 2004 en la impugnación de la candidatura de Herritarren Zerrenda a las elecciones del Parlamento Europeo de ese año.

La Sala acordó también conceder a AG un plazo para formular alegaciones que vence a las tres de la tarde del viernes. Los magistrados comenzarán a deliberar a partir de las cinco de esa tarde y pronunciarán sentencia el sábado.

La Abogacía del Estado subraya en su demanda que existe una "clara conexión" entre las candidaturas impugnadas, los partidos ilegalizados y la banda terrorista ETA. El escrito asegura que 11 candidatos de la plataforma de Aukera Guztiak tienen "estrechas vinculaciones" con el complejo ETA-Batasuna, en tanto que la Fiscalía reduce a nueve los candidatos con antecedentes. Sin embargo, los escritos del Gobierno y del fiscal sólo coinciden en cinco nombres, lo que eleva a 15 la cifra de candidatos de la lista blanca sobre los que hay indicios de que están contaminados. En las listas de AG se presentan un total de 75 candidatos y 11 suplentes.

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Avalistas con antecedentes

El abogado del Estado considera también significativo que 6.035 firmantes del total de los 31.956 que avalan la candidatura "tienen alguna relación con la izquierda abertzale y el MLNV (Movimiento de Liberación Nacional Vasco), lo que supone más del 18,8%". De ellos, 964 han tenido relación con la banda terrorista ETA. El fiscal eleva esta cifra hasta 1.240 entre condenados, presos, extraditados o incursos en episodios de kale borroka. Otros 44 avalistas han pertenecido a sucesivas mesas nacionales de Batasuna, Herri Batasuna y Euskal Herritarrok.

El abogado del Estado no cree "razonable pensar que este elevado número de personas han decidido casualmente, sin contar con la opinión y consenso de Batasuna y de ETA, formar una lista que compita electoralmente con la primera [la candidatura de Batasuna, que no fue aceptada por las juntas electorales], si no es formando parte de una estrategia diseñada desde la propia organización del MLNV".

Según la demanda del fiscal, no es necesario "un especial esfuerzo intelectual" para extraer de esas coincidencias las consecuencias "lógicas" en torno a los vínculos que unen a AG con los partidos ilegalizados.

Entre los elementos de prueba, las dos demandas recogen las "evidencias judiciales de que Aukera Guztiak es una creación de ETA" y un "instrumento de la banda terrorista", citando en ese sentido la conversación del preso etarra Jorge García Sertucha con la dirigente de Batasuna Elisabet Zubiaga, en la que ésta le anticipa que concurrirán a las elecciones vascas con una lista limpia; y las conversaciones telefónicas intervenidas entre el presidente del Consejo Económico y Social Vasco, Antton Lafont, promotor de AG, y el líder del sindicato abertzale LAB, Rafael Díez Usabiaga, "auténtico ideólogo de toda esta trama", según el abogado el Estado, y "el hombre que mueve los hilos", en opinión del fiscal.

Las demandas aportan también numerosas evidencias documentales (carteles, formularios, instancias) referidas indistintamente a Batasuna y AG que aparecen en poder de personas de una y otra organización.

Uno de los elementos en que más insisten las demandas es la reiterada negativa de Aukera Guztiak a condenar el terrorismo, actitud que es "idéntica a la de Batasuna" e "implica una misma justificación del terrorismo" en base a un supuesto conflicto vasco.

Además, los promotores de Aukera Guztiak Antton Lafont, y Juan Mari Irigoien y la candidata Marije Rodríguez de Lera "tienen estrechas vinculaciones con personas relevantes del complejo Batasuna-ETA" y son "relaciones no de índole personal, sino operativa, política e instrumental", pues "reciben instrucciones de actuación de Batasuna".

Las demandas concluyen pidiendo a la Sala Especial del Supremo que anule la proclamación de las candidaturas de Aukera Guztiak, al entender que incurren en las previsiones del artículo 44.4 de la Ley Electoral, que impide la presentación de candidaturas sucesoras de "la actividad de un partido declarado judicialmente ilegal".

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