Aguirre recurre el traslado de la CMT, que califica de injerencia política sin precedentes

La Comunidad de Madrid presentó ayer un recurso ante el Tribunal Supremo contra la decisión del Gobierno de trasladar a Barcelona la sede de la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones (CMT). El recurso arguye que se trata de una "injerencia" política sin precedentes contra un organismo autónomo "sin ninguna justificación técnica, económica ni jurídica". El Ejecutivo de Esperanza Aguirre, que pide además la suspensión cautelar del traslado, argumenta que se vulnera la Constitución y el Estatuto de autonomía en lo que se refiere a la capitalidad de Madrid.

Esperanza Aguirre materializó ayer su promesa de hacer frente a la decisión del Gobierno de José Luis Rodríguez de Zapatero de trasladar la sede de la CMT de Madrid a Barcelona. El consejero de Economía e Innovación Tecnológica de la Comunidad de Madrid, Fernando Merry del Val, formalizó la presentación de un recurso contencioso-administrativo ante el Tribunal Supremo contra ese traslado.

El recurso señala que el traslado responde a "una decisión basada en simples motivaciones políticas de oportunidad o conveniencia y carente de justificación técnica, económica, jurídica", por lo que se lesiona gravemente "la independencia y autonomía de que goza la CMT en virtud de la legislación comunitaria y nacional de telecomunicaciones y constituye un precedente para futuras injerencias en este y otros sectores estratégicos de la economía".

Los servicios jurídicos de la Comunidad de Madrid consideran que el cambio de sede decidido por el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio vulnera los límites de la potestad discrecional de autoorganización del Gobierno porque, además de tratarse de una decisión puramente política y "arbitraria" supone una "desviación de poder", y "vulnera los principios de eficacia, descentralización y buena administración", ya que el traslado aleja al organismo regulador de sus administrados, puesto que "entre el 80% y el 90% de las empresas de telecomunicaciones tienen su sede en Madrid".

La Comunidad de Madrid invoca asimismo el perjuicio que tendrá el traslado para el trabajo desempeñado por la CMT, que ya ha supuesto un retraso en temas tan trascendentales como el análisis de los diferentes mercados (para ver si funciona la competencia del que dependerá las obligaciones futuras que se impondrán alas compañías) o la modificación de las tarifas de interconexión de las compañías de móvile.s

El recurso también se ampara en los graves perjuicios que genera para los trabajadores, tanto para los que finalmente acepten mudarse a Barcelona "dado las diferentes circunstancias de lengua, costumbres, y cultura", como para los que opten por la extinción del contrato, que se verán abocados a la pérdida de su puesto de trabajo.

Asimismo, el recurso añade que el traslado de la sede "afecta al ámbito de la autonomía política,competencial y financiera de la Comunidad de Madrid". En este sentido, el recurso afirma que se vulnera tanto el Estatuto de Autonomía, que afirma que "la Villa de Madrid es y, por ello, deber ser la sede las instituciones del Estado", como la Constitución que, en su artículo 5 resalta la capitalidad del Estado. "Se trata" sostiene el recurso "de una decisión sin precedentes en la Historia de España, en la que aparece como una constante la ubicación de todas las instituciones y organismo del Estado en la capital" desde su declaración como sede de la Corte por Felipe II en 1561.

El Gobierno regional considera tan grave el asunto que solicita al Alto Tribunal que, como medida cautelar, paralice el cambio de sede hasta que se resuelva el recurso, ya que la ejecución del traslado "podría hacer perder la finalidad legítima del recurso" y supondría un grave perjuicio "de difícil reparación" para el propio organismo regulador, sus trabajadores, los operadores de telecomunicaciones, el sector en general, y para la Comunidad.

Deslocalización

Merry del Vall calificó el traslado de "deslocalización" como hizo en su día el ex presidente de la CMT, Carlos Bustelo, quien presentó precisamente su dimisión por los problemas que causaba ese traslado que consideraba injustificado. El consejero pidió al dirigente socialista madrileño, Rafael Simancas, que aclare "si está del lado de Maragall [que solicitó el traslado] o de los empleos madrileños".

Sin embargo, no quiso referirse al presidente del Partido Popular de Cataluña, Josep Piqué, que discrepa de que la Comunidad de Madrid haya recurrido el traslado aunque respete esa decisión porque "no sólo tiene el derecho, sino la obligación de defender los intereses de los madrileños", según dijo ayer a Efe.