Condenada la Comunidad por emplear a personal cedido por una empresa

El Juzgado número 30 de lo Social de Madrid ha condenado a la Consejería de Hacienda por tener trabajando en uno de sus departamentos a 22 empleados contratados a través de la empresa Iberphone SAU. La sentencia, del 1 de marzo, y que será recurrida por la consejería, considera "ilícita la cesión de trabajadores" por parte de Iberphone al Gobierno regional. El juez considera que los demandantes tienen ahora el derecho de "incorporarse a la Comunidad Autónoma de Madrid en virtud de contrato de trabajo de duración indefinida".

"Los demandantes hacían trabajo de funcionario desde hacía seis años, pero cobrando al mes 600 euros menos de lo que cobrarían si hubiesen sido contratados por la Comunidad de Madrid", explicó el defensor de los demandantes, Luis Fernando Luján de Frías. Este abogado explica que un empleado a través de Iberphone SAU cobraba unos 1.300 euros mientras que siendo funcionario hubiese cobrado unos 1.900.

Los 22 trabajadores demandantes trabajan en el Servicio de Información y Atención Telefónica y Personal a los contribuyentes en la Dirección General de Tributos del Gobierno regional. La sentencia explica que estos empleados "han recibido formación a cargo de funcionarios de la Comunidad de Madrid sobre los programas y los distintos impuestos". Iberphone tiene adjudicado por concurso, desde noviembre de 1997, este servicio. En total, según Luján de Frías, han demandado unos 70 empleados, y ésta sentencia es la primera.

Un servicio genérico

Sin embargo, un portavoz de la Consejería de Hacienda sostiene: "Los trabajadores dan un servicio genérico de información. En ningún momento hacen trabajo de funcionarios: no gestionan expedientes de contribuyentes". "Además, estos empleados conviven con personal funcionario y no están identificados como personal de la Comunidad". Según este portavoz, otra sentencia reciente sobre un asunto parecido ha dado, en cambio, la razón al Gobierno regional.

Por su parte, el grupo parlamentario socialista de Madrid considera que el Ejecutivo regional ha cometido un fraude al suplir una labor exclusiva de los funcionarios públicos con trabajadores de una empresa privada,un hecho que demuestra que la presidenta, Esperanza Aguirre, "afronta los problemas sin rigor y a espaldas de los derechos de los ciudadanos".

La portavoz adjunta del PSOE, Ruth Porta, afirmó que "resulta intolerable que por parte del Ejecutivo autonómico y de forma reiterada desde hace ocho años se haya cometido un fraude de estas características, lo que demuestra el descontrol en que está sumida la Comunidad".

"El PP ha vulnerado los derechos de los trabajadores, que perciben sólo 800 euros de sueldo por un trabajo por el que un funcionario recibiría 1.500 euros, y ha permitido que los datos fiscales de los madrileños, que son datos reservados, sean manipulados por personas no sometidas a los deberes y obligaciones propios de los funcionarios públicos", subrayó Porta.