El embrollo de las negociaciones

Derribos e inspecciones aparte, los afectados y la Administración mantienen un pulso sobre las compensaciones que deben recibir los afectados y sus condiciones de regreso. Pero por si el tira y afloja no fuera complejo en sí, las reuniones se desarrollan en varios frentes.

Por un lado, están las 34 familias que se han quedado sin casa, además de los vecinos de los edificios contiguos a los derribos, cuyos pisos han sido vaciados y apuntalados. A falta del convenio definitivo, los acuerdos con los primeros están cerrados, pero no es así en el caso de las 11 familias más cercanas al derribo. Las reuniones entre la mesa negociadora de las administraciones y estos afectados están encalladas en la cifra en concepto de daños morales. Los abogados piden 15.000 euros por persona: entienden que no debe ser tan elevada como la indemnización para las personas que lo han perdido todo, pero consideran insuficientes los 6.000 euros por familia anunciados por la Generalitat.

Por otro lado, está el grueso de los afectados y la disputa sobre quién les representa. Los responsables de la Asociación de Vecinos se atribuyen este papel. Pero entre los abogados Mari Carmen Pérez Pozo y Juan Javier Antequera suman casi 600 afectados, el 60% del total. Éstos últimos están citados esta tarde y pese a la invitación que han cursado a la Asociación para acudir conjuntamente, no han recibido respuesta. La cita de los representantes de la Asociación está prevista para mañana.