La falta de acuerdo entre los sectores bloquea la renovación de la cúpula del Supremo

El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) está poniendo a prueba la reforma legal que desde finales de 2004 exige un mínimo de 13 votos de los 20 posibles (hay una vacante) para la elección de los magistrados del Tribunal Supremo y los presidentes de los Tribunales Superiores de Justicia. En contraste con la situación anterior, en que bastaba mayoría simple (los vocales elegidos a propuesta del PP sumaban 11 de los 21 votos), durante los casi tres meses de vigencia de la nueva ley los diferentes sectores del CGPJ no han logrado el acuerdo sobre la designación de tres presidentes de Sala del Supremo, que la minoría pide que se voten el 30 de marzo.

Enrique López, vocal propuesto por el PP y portavoz del CGPJ, atribuye el desacuerdo al sistema de elección establecido por la Ley promovida por el Gobierno socialista, "que apuesta por el consenso y la pluralidad por encima del mérito y la capacidad". Según López, "cualquiera de los candidatos que se han presentado a presidir las tres presidencias de sala vacantes en el Supremo tienen suficiente mérito y capacidad, y sólo imposibilita su designación la búsqueda de quórums necesarios para esa designación". Es decir, de no existir la nueva ley serían designados fácilmente presidentes de las tres salas, puesto que bastaría, como hasta ahora, con la mayoría simple, para la que basta con López y los otros nueve vocales propuestos por el PP, además del presidente, Francisco José Hernando, que también es de esta sensibilidad.

"Dilatar las conversaciones"

Por su parte, los seis vocales propuestos por el PSOE, el propuesto por IU y el nombrado a instancia de CiU, dirigieron el 16 de marzo un escrito a Hernando para que incluya esos nombramientos del Supremo en el pleno del día 30. Tras celebrar cuatro encuentros con vocales de la mayoría, en los que apreciaron "sustanciales avances", expresan ahora "el convencimiento de un cambio de actitud en el grupo mayoritario, condensado en dilatar, aún más, el cierre de las conversaciones, curiosamente coincidiendo con los últimos días del plazo legal para la presentación de un hipotético recurso de inconstitucionalidad" del PP contra la reforma legal.

Además de las tres presidencias, de entre los restantes magistrados del Supremo a designar -hay cuatro vacantes de la Sala Civil, tres de la Social y dos de la Contencioso-Administrativa- la minoría recuerda que la Sala Civil tiene "en torno a 14.000 asuntos pendientes y la ausencia de presidente y cuatro de sus magistrados no contribuye, precisamente, a la mejora de esa importantísima Sala".

Finalmente, la minoría ofrece al presidente del CGPJ una relación de los magistrados "más significados para cubrir cada una de las presidencias de Sala del Tribunal Supremo, a fin de que desde esa presidencia inste a los restantes miembros del Consejo para que, sobre la base de la misma, adopten un firme compromiso de resolver sin dilación". Advierte que la lista está elaborada sobre la base de "los principios de mérito y capacidad" y que "es lo suficientemente plural como para proceder a una elección definitiva".

De los tres candidatos que optan a cada una de las tres presidencias, la minoría ha prescindido del que considera con menos méritos y capacidad, de modo que para presidir la Sala Civil propone a Román García Varela y Xavier O'Callaghan; para presidir la Sala Penal a José Antonio Martín Pallín y Joaquín Delgado, y para presidir la Sala Militar a Juan Antonio Xiol Ríos y José Manuel Sieira.

La minoría señala que "una muestra más del problema creado" por el retraso en alcanzar un acuerdo es que Martín Pallín, "de méritos y prestigio reconocidos, ha anunciado (...) la posible renuncia a su candidatura", que los ocho firmantes aseguran defender.Desde el sector mayoritario se asegura que si Martín Pallín fuera apoyado por todos los consejeros de la minoría, obtendría los 13 votos necesarios.

En cuanto a las conversaciones entre unos y otros para alcanzar un acuerdo, Martín Pallín avisa de que "estas demoras y transacciones marcan de antemano a los candidatos designados, adjudicándoles un estigma de fidelidad partidista y afinidad ideológica que constituye un cáncer para la credibilidad del Tribunal Supremo".