El fiscal imputa a Tabares y Lagier por falsificación y estafa en el Ivex

El fiscal incrementó ayer en nueve meses su petición de cárcel para el ex director general del Instituto Valenciano de la Exportación (Ivex), José María Tabares, y el empresario francés Jean Luc Marie Lagier. El representante público pide al tribunal de la sección quinta de la Audiencia de Valencia cinco años y nueve meses de prisión para los dos imputados, una multa de 21.600 euros y una responsabilidad civil, sin perjuicio de los distintos acuerdos a los que ha llegado el Ivex con los bancos afectados por el "agujero", por valor de algo más de seis millones de euros. Considera el fiscal que Tabares y Lagier son responsables de un delito de estafa y un delito de falsedad documental.

El caso se destapó cuando en 1999 Carmen de Miguel sustituye a José María Tabares al frente de la dirección general de la entidad y pocos días después de tomar posesión una entidad bancaria le reclama los pagos correspondientes a una letras que nunca se abonaron pero que el Ivex avaló. El Ivex se colocó en 1995 como comprador y vendedor de unas mercancías que no existieron entre unas empresas tunecinas y belgas que pertenecían, aunque no figuraba, al entramado empresarial de Lagier. El objetivo era generar derechos de compensación para que Ford pudiera exportar vehículos al país norteafricano. Se generaron con transacciones que no respondían a la realidad.

Transacciones ficticias

El Ivex compraba nada y pagaba. Debía vender nada y cobrar idéntica cantidad a la empresa belga. Pero no ocurrió así. Las empresas belga no pagaron y, entre tanto, pedían por adelantado el dinero de las facturas a los bancos con el aval del Ivex. En las cuentas de 1996 ya aparecía un agujero importante, 2.331.926,97 euros. Al año siguiente pasaron de 3,5 millones de euros. La deuda se compensó para que no apareciera. Pero la Sindicatura de Cuentas fue después año a año desvelando la sucesión de operaciones, al que ningún consejero prestó atención tal como declararon en la vista. La sucesión de efectos cambiarios superó el valor de nueve millones de euros, aunque no todos se ejecutaron. El fiscal ha considerado que Tabares es coautor de estafa en régimen de cooperación necesaria. Además, ha entendido que hubo falsedad documental porque si bien las letras de cambio eran genuinas, no obedecían a operaciones mercantiles ni de compra-venta alguna.

El Ivex, por su parte, mantuvo sus acusaciones de apropiación indebida y falsedad para ambos acusados, y eleva la responsabilidad civil, tras las resoluciones judiciales y los acuerdos alcanzados por los bancos, a 4.506.636 euros.

La Generalitat, personada como perjudicada civil, pidió indemnización por la pérdida del valor de las acciones por la operación de ampliación y reducción de capital, 3.211.030 euros. Los bancos, mantuvieron sus calificaciones.

Las defensas pidieron la nulidad del proceso y la vuelta a instrucción porque consideran que la acusación del fiscal, con su modificación, ha planteado nuevos hechos imputados a los acusados, lo que no se puede permitir porque supone una violación del principio acusatorio.