Recetas para mejorar la convivencia en las aulas

Los cambios que ha sufrido la sociedad española y el aumento de la edad de escolarización obligatoria de los 14 a los 16 años han convertido los institutos públicos de educación secundaria, en los que estudian alumnos de entre 14 y 18 años, en espacios de tal complejidad, que cuando los conflictos llegan, los profesores no tienen los recursos necesarios para hacerlos frente. Para mejorar los problemas de convivencia y disciplina, 130 directores de los centros, reunidos por la Consejería de Educación de la Comunidad de Madrid, exponen sus recetas:

- Más autonomía. Los directores de instituto piden más libertad de movimientos para hacer frente a los problemas específicos de cada centro. Para implantar, por ejemplo, alternativas concretas para los alumnos con problemas de absentismo escolar o para decidir si los objetores escolares deben ser redirigidos a educación compensatoria ya a los 13 o 14 años. La autonomía también les permitiría decidir quiénes son los alumnos inmigrantes que deben ir al aula de enlace (ahora son los padres los que deciden) y cuánto tiempo han de permanecer allí (el tiempo máximo actual es de seis meses).

- Sanciones. En cuanto al mantenimiento de la disciplina y las normas de convivencia, los directores piden que el consejo escolar de cada instituto sea el último órgano competente en esta materia, ya que, explican, en estos momentos se da la situación de que los padres recurren las sanciones a las consejerías, con lo que puede transcurrir un curso entero sin que el alumno sancionado reciba el castigo.

- Fuera del instituto. Para empezar, los directores reclaman la ayuda de las familias. Proponen incluso sancionar de alguna manera, que aún no concretan, a aquellos padres que se desentiendan de los estudios de sus hijos. Además, piden una normativa que articule claramente la responsabilidad de la familia con el centro educativo. Los ayuntamientos también deben implicarse más con la vida de los institutos. Los directores les piden que agilicen las mesas locales contra el absentismo, así como programas de actividades extraescolares, reforzados con el trabajo de educadores de calle. Para casos más graves, relacionados con la delincuencia, los centros solicitan estar en contacto con la policía y, en su caso, poder intercambiar datos.

- Alumnos y recursos. Cada instituto es diferente en sus tasas de absentismo, de fracaso escolar, en el porcentaje de alumnado inmigrante, su entorno social, en sus problemas, cuando los haya, con el alcohol y las drogas... Por eso, los directores creen que los recursos y la financiación para cada uno de ellos no puede ser uniforme, sino estar en función de las necesidades concretas. Por las mismas razones consideran fundamental una distribución equilibrada entre todos los centros de aquellos alumnos que presentan unas necesidades especiales. Los centros públicos y los concertados (también sostenidos con fondos públicos) deben escolarizar por igual a los alumnos inmigrantes, proponen.

- Casos extremos. Los directores consideran que hay alumnos que son casos muy extremos cuyas circunstancias personales, familiares, requerirían, incluso, decisiones judiciales. Se trataría de que voces autorizadas intervinieran para proporcionarles a estos chicos otra vida escolar porque la educación ordinaria no tiene herramientas para tratar sus casos adecuadamente. Se trata, explican, de hijos de familias muy desestructuradas y con gravísimos problemas que, a veces, los propios alumnos trasladan a los centros. Pero insisten en que son casos muy extremos y, como tal, mínimos. Los que no son tan mínimos son los episodios de acoso entre los chavales del instituto, pandillas que acosan a algún alumno hasta hacerle la vida imposible sin que el muchacho se atreva a contarlo ni, mucho menos, a denunciarlo. "Cada día hay más casos así y no tenemos herramientas para enfrentarnos a ello porque los chicos no se atreven a denunciar", lamenta José Antonio Martínez, director del instituto Pío Baroja, de Madrid.

- Nuevos perfiles profesionales. Algunos de los problemas de los alumnos requieren para su solución profesionales que no sean exactamente docentes. Los directores madrileños reclaman estos trabajadores para controlar las faltas de asistencia de los estudiantes, empleados sociales para las aulas de enlace de los inmigrantes, para estar al tanto de los chicos más problemáticos, como pueden ser los objetores escolares o los que presentan problemas relacionados con la delincuencia; para éstos, además, piden educadores de calle.

Pero los profesores son conscientes de que, a menudo, se ven obligados a desempeñar estas tareas más propias de otros perfiles profesionales. Por ello demandan formación permanente en este sentido, y la creación de figuras como la del vigilante educador o los docentes mediadores.

El grueso de estas propuestas planteadas por los directores madrileños coincide con las que sugiere la Comisión Permanente Estatal de Directores de Institutos de Secundaria, según explica uno de sus miembros, José Antonio Martínez. Pero, eso sí, advierte de que la convivencia en los institutos es "un tema de enorme complejidad" en el que "no existen las soluciones mágicas". Simplemente se trata, resume, de que los centros cuenten con una "ordenación académica" lo suficientemente flexible como para poder gestionar la diversidad, y esto "no se puede hacer sin los recursos necesarios". Opina además que "hay muy pocas salidas" para los chicos escolarizados que, antes de los 16 años, ya no quieren seguir estudiando".

El responsable del instituto público Fene, de Ferrol, Xosé Manuel Mouriz, hace un diagnóstico muy parecido. "En Galicia tenemos un nivel de conflictividad bastante bajo, pero es cierto que para los casos más graves, que también hay algunos, no tenemos las herramientas necesarias", admite. Además, apunta un dato más al debate: "Los problemas de convivencia se presentan sobre todo en marcos urbanos o periurbanos; en las zonas rurales, en general, el alumnado está concienciado con la necesidad de estudiar".

"Habría que ver cómo ponemos en práctica todas estas medidas", señala Josu Aguirre, director del instituto Txindoki-Alkartasuna, de Beasain, en el País Vasco, "pero lo que está claro es que si no conseguimos implicar en el hecho educativo a las familias, a los ayuntamientos y a la comunidad en general, no podremos hacer nada".

Algunas de estas propuestas ya se están poniendo en práctica en diferentes lugares -por ejemplo, Extremadura ya ha implantado la figura del educador social en los centros- y la comunicación y el trabajo conjunto es perfectamente fluido entre muchos institutos y sus ayuntamientos. "Para poner en marcha algunas de estas cuestiones sólo hace falta la voluntad de los trabajadores de las administraciones, aunque es cierto que quizá sería necesario institucionalizarlas", explica Manuel Acedo, director del instituto Sáenz de Buruaga, de Mérida.

Parte de estas reflexiones de los directores madrileños, que serán publicadas por la Consejería de Educación de la Comunidad, coinciden con las señaladas por los sindicatos, padres y titulares de centros religiosos en el documento que han redactado tras las negociaciones para alcanzar un pacto educativo.