El fin de una ilusión social

Trabajar menos y disponer de más tiempo de ocio. Este sueño se plasmó en la famosa ley Aubry -una de las más emblemáticas del Gobierno socialista de Lionel Jospin (1997-2002)- que implantaba la semana laboral de 35 horas. El despertar ha sido brusco. La derecha gobernante le ha disparado un torpedo en la línea de flotación subida en la excusa de la globalización y las deslocalizaciones. El Ejecutivo de Jean-Pierre Raffarin quiere, contra viento y marea, modificar en lo posible el modelo social francés, no sólo en el campo laboral, sino también en el de la función pública, la educación o privatizando las grandes empresas estatales.

Los últimos episodios protagonizados por el Gobierno, como el escándalo del ministro de Finanzas, que pedía a los franceses que se "desintoxicaran" del dinero público mientras ocupaba una vivienda de 600 metros cuadrados a un coste de 14.000 euros pagados por los contribuyentes, alimentarán aún más la ola de protesta. La jornada de movilización convocada para el próximo 10 de marzo por los tres principales sindicatos franceses, la Confederación General del Trabajo (CGT), Fuerza Obrera (FO) y la CFTC -a la que han sido llamados "todos los asalariados del sector público y del privado", así como los desempleados y los jubilados- dará la medida del descontento social.

Los sindicatos han convocado una protesta masiva en París el 10 de marzo

Los socialistas acusan al Gobierno de querer que se trabaje más y se gane menos

Ese mismo día llegan a París los miembros del Comité Olímpico Internacional (COI) para estudiar la candidatura de la capital francesa a los Juegos Olímpicos de 2012 y lo que se encontrarán será una ciudad paralizada, sin transportes públicos ni servicios. De nada han valido las abiertas acusaciones de traidores de la derecha contra los sindicatos. Pero tampoco el Gobierno conservador renuncia a seguir con la reforma y aprovecha la amplia mayoría parlamentaria de que dispone para abrirse camino.

El Gobierno insiste en que la jornada de 35 horas no se ha tocado, y que lo que se ha hecho es dar libertad para trabajar más horas al trabajador que quiera ganar más dinero. Pero la verdad es que la reforma, probablemente, a quien beneficie sea a los patronos, especialmente a los de las pequeñas y medianas empresas. Una aparente paradoja es que a los sindicatos nunca les entusiasmó la ley Aubry. Las grandes empresas, sin embargo, aunque no hicieran alarde de ello, descubrieron grandes beneficios. Saben que cualquier necesidad de horas de trabajo pasa por una negociación con los trabajadores a través de los sindicatos. Al sector del automóvil, siempre sujeto a las fluctuaciones de una demanda caprichosa y volátil, la reducción de la jornada semanal le supuso disponer de un considerable cojín de tiempo de trabajo disponible cuando fuera necesario pero fuera de la masa salarial fija.

El problema, cuando se aprobó la ley, es que el tope máximo de horas extraordinarias se estableció en 130, pero el propio Gobierno Jospin lo subió a 180. Es por eso que el actual Ejecutivo conservador presenta esta reforma como otra "flexibilización" más. A modo de anticipo, a principios de diciembre, el propio Raffarin ya firmó un decreto que elevaba hasta 220 el contingente legal anual de horas suplementarias. La verdad, sin embargo, es que aunque la reforma mantiene en 35 horas la duración "legal" de la semana laboral, permite alargarla hasta 48 horas, el máximo autorizado por la UE, siempre que sea a través de un acuerdo entre el trabajador y la empresa. También permite convertir en dinero los días de recuperación y flexibiliza la utilización de la llamada "cuenta ahorro tiempo".

El problema son las pequeñas y medianas empresas, donde el mensaje que vende el Gobierno Raffarin de que quien quiera ganar más dinero sólo tendrá que trabajar más, no se cumple porque las horas extraordinarias las decide el patrón. La reforma permitirá a estas empresas forzar a sus empleados a trabajar más horas cuando lo necesiten. Como dice el líder del sindicato CFDT, Francois Chereque: "Nada en la ley dice que un asalariado podrá rechazar horas". Por contra, tampoco la ley dice que la empresa deba ofrecer horas extraordinarias a sus trabajadores cuando éstos necesiten mejorar sus ingresos.

Raffarin cree que con su reforma podrá paliar el problema de fondo: la importante bajada del poder adquisitivo de los trabajadores franceses. El secretario general de la CGT, Bernard Thibault, ha denunciado que el Gobierno conservador quiere hacer pagar la misma factura dos veces a los trabajadores. De hecho, la CGT, la primera central sindical francesa, nunca apoyó abiertamente la ley Aubry porque consideraba, como así fue, que traería consigo una congelación salarial. "Entonces renunciamos a negociar subidas de salarios", asegura, "incluso en algunos lugares se bajaron para mantener el nivel de empleo, y ahora el Gobierno nos dice que si queremos más dinero trabajemos más horas".

Desde la izquierda socialista se asegura que la reforma de Raffarin es, ante todo, una cuestión "ideológica", una venganza, una innecesaria humillación de la izquierda. Para la propia Martine Aubry se trata de "una marcha atrás de más de 40 años en muchos aspectos", ya que, en su opinión, "vacía de contenido la duración legal del tiempo de trabajo", pues se podrán trabajar horas suplementarias sin el aumento salarial correspondiente. Lo que quiere el Gobierno, resumió, es que la gente "trabaje más sin ganar más". Los argumentos de Raffarin son ideológicos. "El modelo social francés, uno de los más importantes del mundo, sólo puede mantenerse con el trabajo", dijo. Fueron los socialistas quienes "hundieron el crecimiento francés" con su política, añadió.