Los antitrasvase advierten de que la derogación del PHN es insuficiente

Sin enmiendas al decreto propuesto por el Ejecutivo central para derogar el Plan Hidrológico Nacional (PHN), la raíz del problema del agua persistirá. Esto es lo que aseguran los colectivos antitrasvase, que ayer se reunieron en Tortosa (Baix Ebre) para unificar criterios y conseguir enmendar un texto que, a su juicio, perpetua y consolida el modelo de desarrollo urbanístico "insostenible" de todo el levante.

Contradiciendo las palabras de comienzos de legislatura tanto de la ministra de Medio Ambiente, Cristina Narbona, como del presidente José Luis Rodríguez Zapatero, los antitrasvase sostienen que la propuesta de decreto deja en agua de borrajas la bandera de la nueva cultura del agua al mantener todas las grandes obras hidráulicas que proponía el anterior Gobierno del Partido Popular, con la única excepción del trasvase del Ebro.

El portavoz de la Plataforma del Ebro (PDE), Manolo Tomàs, dijo en su comparecencia del 22 de febrero ante la comisión de Medio Ambiente del Congreso que si no se modifica ni un ápice el anexo segundo del PHN "habrán podido más las presiones políticas locales y las económicas que los intereses de preservar los ríos". Y este argumento es el que desarrollaron ayer en Tortosa la propia PDE, el colectivo valenciano Xúquer Viu, Ecologistas en Acción, los antitrasvase de Aragón y la Xarxa Nova Cultura del Aigua. Todos los grupos acordaron unificar sus agendas y programar un calendario de movilizaciones que coincida con el del debate parlamentario.

Una de las grandes obras hidráulicas más criticadas por estos colectivos es el trasvase del río Júcar. "El Júcar-Vinalopó mantendrá las dependencias de los trasvases, y quizás en un futuro vuelvan a escucharse voces pidiendo agua del Ebro, y más tarde del Ródano", dijo la también portavoz de la PDE Susana Abella. Graciela Ferrer, representante del colectivo Xúquer Viu, añadió que esta obra, actualmente en marcha, "valida al equipo técnico que estuvo detrás del trasvase del Ebro" y lanzó duras acusaciones de corrupción contra responsables de la gestión del agua del Júcar que, aseguró, están vinculados a la promoción de la urbanización de 1.200 chalets, campos de golf y hoteles en el municipio de Villena (Alicante). Según estos colectivos, el crecimiento urbanístico que hasta ahora han criticado por "insostenible"" quedará absolutamente impune.

Ante un decreto que consideran "insuficiente" y "contradictorio", estas entidades han trasladado sus reivindicaciones a los partidos políticos afines. De hecho, miembros de ERC e ICV asistieron ayer al encuentro de Tortosa. Tanto la Chunta Aragonesista, como ERC, ICV y el grupo mixto son a priori las esperanzas más sólidas de estos colectivos para que puedan debatirse en el Congreso sus enmiendas. En Cataluña, la PDE ha mantenido reuniones por separado con el PSC, ERC e ICV y únicamente se ha acercado al tripartito a través del Departamento de Medio Ambiente.

Todos coincidieron ayer en reconocer que cualquier cambio cultural lleva su tiempo y que aplicar los preceptos de la nueva cultura del agua no es cuestión de dos días. Aun así, advirtieron de que la propuesta del Ejecutivo central mantiene obras como la interconexión de redes en Cataluña, y que la única garantía de que éstas no van a acometerse son las declaraciones públicas de los responsables políticos. "Pero nadie garantiza que cualquier Gobierno pueda hacerlo en el futuro", puntualizó Tomàs.