La Fiscalía de Cádiz investiga a arquitectos y promotores por las viviendas ilegales
La Junta impulsa la actuación contra los delitos urbanísticos en la provincia
Los servicios de Medio Ambiente y Urbanismo de la Fiscalía de Cádiz han imputado a medio centenar de arquitectos y promotores inmobiliarios de varios delitos urbanísticos y contra la ordenación del territorio por auspiciar construcciones ilegales en varias poblaciones de la provincia gaditana, según informó ayer La Voz de Cádiz. Las consejerías de Obras Públicas y Medio Ambiente de la Junta y la Policía Autonómica impulsan la actuación para "perseguir" las infracciones en los municipios gaditanos, donde se contabilizan unas 20.000 casas clandestinas.
Según informó ayer el mencionado periódico gaditano, la Fiscalía ha detectado una práctica delictiva "en auge" que efectúan algunos arquitectos para tratar de amparar con certificados falsos viviendas ilegales. Para perseguir estas actuaciones, la Fiscalía gaditana y el Gobierno andaluz han fomentado en los últimos dos años la figura de la policía urbanística, que coordina el servicio fiscal de Medio Ambiente que dirige Ángel Núñez, y se ha intensificado el intercambio de información entre ambos organismos para agilizar las intervenciones.
En las actuaciones desarrolladas en los dos primeros meses de este año, la Policía Autonómica ha remitido al Ministerio Público un total de 12 diligencias instruidas por casos de construcciones ilegales en los términos municipales de Chiclana de la Frontera y Tarifa, por las que han sido imputadas 23 personas (promotores, arquitectos y técnicos) como presuntos autores de varios delitos, como falsedad en documento público, estafa, desobediencia o contra la ordenación del territorio.
Costa
La mayoría de las actuaciones que investiga la Fiscalía se acotan a los municipios costeros del Campo de Gibraltar (especialmente en Algeciras y Tarifa), en la costa noroeste de la provincia gaditana, como Chipiona, Rota y Sanlúcar de Barrameda, además de en Chiclana de la Frontera, donde se localizan el mayor número de infracciones urbanísticas y operaciones especulativas con más de 12.000 viviendas ilegales.
La Comisión Provincial de Ordenación del Territorio de la Junta de Andalucía aprobó precisamente en marzo del año pasado el Plan General de Ordenación Urbana de Chiclana de la Frontera que permitirá regularizar estos miles de pisos o chales ilegales construidos en las últimas décadas sin permiso municipal o sobre terreno no urbanizable. Tras muchos años de negociación, el documento urbanístico habilita suelo para el desarrollo urbanístico de 90 planes parciales en una superficie global de 1.200 hectáreas de terreno que permitirá legalizar estas viviendas, que es la opción que defendió desde un primer momento el Ayuntamiento de Chiclana antes del "coste social y económico" que supondría una masiva demolición de decenas de promociones enteras y de miles de hogares particulares.
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