Las acusaciones particulares piden 190 años de cárcel para el 'asesino del naipe'

El juicio contra Alfredo Galán Sotillo, el supuesto asesino del naipe, quedó ayer visto para sentencia después de que las partes leyeran sus respectivos informes finales sobre el caso. Las acusaciones particulares pidieron penas que suman 190 años de cárcel para este presunto homicida en serie, e indemnizaciones millonarias que reclaman que pague el Estado como responsable civil subsidiario. La abogada del acusado, Helena Echeverri, pidió únicamente la condena por posesión ilícita de armas.

El fiscal del caso, Rafael Escobar, hizo un detallado informe en el que reclama 151 años de cárcel por seis asesinatos consumados, tres en grado de tentativa, allanamiento de morada y tenencia ilícita de armas. Solicitó la agravante de nocturnidad y paraje solitario y la atenuante de confesión voluntaria. "Hay un hecho significativo que demuestra que se detuvo al asesino, y es que no hubo más hechos criminales en los que se usara la pistola Tokarev desde que se entregó Galán", explicó el fiscal. "No daba muerte a las víctimas, sino que las ejecutaba con el mismo modus operandi. Eran actos de depredación desde un estado de normalidad mental", añadió Escobar.

Las distintas acusaciones particulares pidieron la condena por los mismos delitos que el ministerio fiscal, pero solicitaron mayores penas. Todas incidieron en la responsabilidad civil subsidiaria del Estado, ya que Galán, que fue cabo primero del Ejército, compró la pistola Tokarev cuando estaba en misión humanitaria en Bosnia. La trajo oculta en un televisor. Además, los tres primeros crímenes que se le imputan se cometieron siendo él cabo, aunque estaba de baja por problemas psiquiátricos.

Negligencia del Ejército

De hecho, los letrados culparon a los responsable del Ejército de negligencia manifiesta al no dejar ingresado a Galán en el hospital Gómez Ulla -adonde le habían llevado tras protagonizar un altercado con un superior cuando recogía chapapote en Galicia-. Entonces le diagnosticaron problemas mentales graves.

La abogada defensora intentó desmontar las acusaciones subrayando los múltiples fallos que cometió Galán cuando testificó voluntariamente tras entregarse a la policía de Puertollano (Ciudad Real) en julio de 2003. Echeverri aseguró que su cliente conocía todo el caso porque se lo habían contado los autores reales y que no los acusó entonces por un miedo insuperable. Y destacó algunos contradicciones como que en el bar Rojas, donde se cometió uno de los asesinatos, no había ningún perro (al contrario de lo que él dijo). También señaló la falta de tatuaje de Galán que alguna víctima dijo que llevaba, y las descripciones contradictorias de los testigos, entre otras cosas.

"No hay ninguna prueba de cargo en contra de mi defendido, tan sólo indicios, por lo que procede su absolución", concluyó la letrada. El acusado se negó a hablar en la última sesión del juicio. La sentencia se conocerá en unos 10 días.