López Aguilar defiende los criterios políticos en los nombramientos de fiscales
De las 43 jefaturas cubiertas en la etapa del PP, ni una sola fue para un fiscal progresista
El ministro de Justicia, Juan Fernando López Aguilar, defendió ayer ante la Comisión de Justicia del Congreso los criterios políticos en los nombramientos de jueces y fiscales, porque dichos nombramientos no son "concursos de méritos" en los que el criterio sea el "exclusivamente profesional". El ministro respondió así a la comparecencia pedida por el Grupo Popular para que explicase los nuevos nombramientos de fiscales acordados por el fiscal general, Cándido Conde-Pumpido.
El portavoz del Grupo Popular, Ignacio Astarloa, atacó el "reequilibrio ideológico" anunciado por Conde-Pumpido y que ha llevado a "sustituir los méritos, las capacidades y las legítimas expectativas de los fiscales" por un "sectarismo asociativo clamoroso" que defiende la promoción de fiscales de planteamientos progresistas. Astarloa acusó a Conde-Pumpido de haber actuado en un 70% de los casos en contra de los criterios del Consejo Fiscal [de mayoría conservadora].
El ministro contraatacó diciendo que a los candidatos no se les nombra "por inspiración del Espíritu Santo", sino "con un criterio político, y lo demás es encubrir las cosas". Como muestra, expuso las cifras de nombramientos de la etapa del fiscal general Jesús Cardenal, y afirmó que durante los ocho años del mandato del PP "no se nombró a un solo fiscal progresista". De un total de 43 nombramientos de altos cargos (11 fiscales de Sala del Supremo, 11 fiscales jefes de Tribunal Superior y 21 jefes de Audiencia Provincial), 24 fueron para la conservadora Asociación de Fiscales, otros 19 a fiscales no asociados y "ni uno solo para la Unión Progresista de Fiscales" (UPF). En este año de gobierno socialista se han nombrado 10 fiscales de la UPF, siete de la AF y tres no asociados. "Sí ha habido más nombramientos de la UPF, pero es que en los ocho años anteriores no hubo ninguno", concluyó López Aguilar.
En otra intervención posterior sobre la tramitación del plan Ibarretxe, López Aguilar explicó que razones políticas y jurídicas llevaron al Gobierno a no recurrirlo ante el Tribunal Constitucional y defendió que se pueda debatir incluso sobre el "derecho al disparate" o "el despropósito" que supone la propuesta de reforma del Estatuto vasco.
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