¿Quién habla por todos?

La irrupción ayer de una Junta de Portavoces de los afectados, que agrupará hoy a más de la mitad de los desalojados, debió de caer como un jarro de agua fría sobre el Gobierno catalán, que acababa de emitir un documento pactado con la Asociación de Vecinos del Carmel para los primeros regresos.

La entidad vecinal, junto a la de comerciantes, es el interlocutor que reconoce la Generalitat, pero ¿la reconocen los afectados? No en su mayoría, a tenor de la aparición en las últimas semanas de varias entidades que dicen hablar en nombre de la mayoría de los afectados: la Asociación de Afectados por la línea 5 del Carmel, la Asociación de Damnificados -que el lunes pareció integrarse con la primera- y, ayer mismo, la Junta de Portavoces de los afectados, surgida en los hoteles. Todas han cuestionado la representatividad de las asociaciones de vecinos y comerciantes y han puesto sus condiciones para el retorno.

A toda esta maraña se suma un nutrido grupo de abogados que representa a entidades, bloques y vecinos, cada uno con sus reclamaciones e intenciones. Todo ello supone que cualquier decisión que las administraciones tomen junto a los vecinos sea susceptible de ser rechazada por la mayoría.