Dos certificados y dos informes para garantizar la estabilidad
En el acuerdo entre el Gobierno catalán y la Asociación de Vecinos del Carmelo, nombre oficial que figura en el sello con el que se ha rubricado el documento, se relacionan los certificados e informes que se entregarán a los vecinos como garantía de la estabilidad del suelo, del edificio y de la propia vivienda.
El primer certificado lo firman tres personas: Javier Gete-Alonso, en nombre de Tec 4; Benjamín Celada, como representante de Geocontrol, y José Antonio Rubin, en nombre de la UTE (unión temporal de empresas) formada por Fomento de Construcciones y Contratas, Copisa y Comsa. Los dos primeros representan a las firmas que integran la dirección de obra, mientras que por las tres empresas de la constructora se aporta una sola firma.
En este documento se reclama que se levante la orden preventiva de desalojo dictada el pasado 27 de enero.
El segundo certificado lo expide el Instituto Cartográfico y lo firma el jefe del servicio, Antoni Roca. Este documento certifica la existencia de medidas de nivelación en la superficie, medidas tomadas por el propio instituto.
El informe sobre el estado de los movimientos en la actualidad en la zona donde se produjo el desprendimiento y donde fue construida la cola de maniobras, lo firma Carles López, director gerente de la empresa Eurogeotécnica. Esta firma ha sido contratada por las empresas constructoras para realizar este trabajo.
Independientes
Finalmente, hay un segundo informe sobre el estado actual de la zona afectada por el hundimiento y la cola de maniobras. Está emitido por técnicos que el consejero de Política Territorial, Joaquim Nadal, calificó de independientes. El primero es Eduard Alonso, propuesto por el propio departamento. Es catedrático de la Escuela de Caminos de la UPC. El segundo técnico fue acordado entre las diferentes partes. Es José Manuel Serrano, que presidió la asociación española de túneles. El tercero ha resultado el más controvertido. Se trata de Xavier Borràs y figura en la comisión a propuesta de la empresa pública GISA (Gestión de Infraestructuras, SA).
Borràs fue director general de GISA en las fechas en las que se aprobó el proyecto, puesto en cuestión por algunos miembros de la comisión técnica, y seguía siendo director general de GISA cuando se aprobó el proyecto modificado. Posteriormente, dejó el cargo, pero se integró en la firma como asesor de la línea 9, dada su condición de experto en túneles. Nadal aseguró ayer que Borràs no se había pronunciado acerca del proyecto, sino sobre las soluciones adoptadas con posterioridad al hundimiento. El propio Borràs aseguró que pese a ser el director de GISA no participó en la revisión del proyecto de esta obra.
