La educación, sentenciada

El Tribunal Superior de Justicia de Madrid ha emitido una sentencia que anula la orden de la Consejería de Educación que permite echar de los institutos a los alumnos repetidores mayores de 16 años. Con relación a esta orden y a la propia sentencia, quiero puntualizar que el derecho a la educación no es algo abstracto de lo que sólo se teoriza es, más bien, algo que hay que ejercer, y sobre este ejercicio fundamentar la demanda o la discusión.

El proceso de enseñanza (educativo) es doble, se necesita quien enseñe y quien aprenda, no se enseña a las paredes o a alguien que no quiere aprender.

Por eso, detrás de una orden de expulsión suele haber una decisión de órganos colegiados (no de individuos), como las Juntas de Evaluación o las Comisiones de Convivencia, que lo que hacen es constatar que el alumno no pone de su parte para superar los objetivos educativos y/o de convivencia, lo que en la práctica supone la renuncia al derecho educativo.

La enseñanza secundaria es obligatoria hasta los 16 años y se puede prolongar, repitiendo curso, cuando el alumno muestra interés y está en condiciones de superar los objetivos.

Cuando no muestra ese interés, las "expulsiones", o las invitaciones a que el alumno busque alguna actividad más acorde con sus gustos lejos del instituto, tratan de evitar un fraude por abandono y un abuso del supuesto derecho a la educación.

Ello no debería ser contrario a la ley, pues lo que se pretende es preservar el derecho de la mayoría.

Se pueden rebatir casos concretos, cuando la decisión de esos órganos colegiados haya podido ser injusta, pero si la resolución judicial es genérica, y no discrimina, permitirá mantener en el sistema a alumnos a los que poco les importa lo que se les enseña.

Estos alumnos, que permanecen más allá de lo razonable sin ejercer verdaderamente su derecho a la educación, son una carga económica y un problema para la convivencia. El verdadero derecho a la educación que hay que preservar es el de los demás alumnos, y el de los profesores, y otros trabajadores de la enseñanza, a ejercer su labor con dignidad.