Liberado el juez que amenazó a un camarero con una pistola en Málaga

El juez Antonio Hernández, titular del juzgado número 3 de Málaga y suspendido por liberar a un presunto narcotraficante, fue puesto en libertad el pasado viernes tras ser detenido la noche anterior, acusado de amenazar con una pistola a un camarero en Málaga.

El magistrado prestó declaración ante el juez de guardia durante media hora, aunque adujo no recordar nada. Imputado por un delito de amenazas, a continuación fue puesto en libertad. Su arresto la noche anterior se produjo tras un aviso a la Policía del encargado del bar Ember, quien alertó de que un hombre le había apuntado a la cabeza "sin mediar palabra". Según su relato, tras pedir un refresco el juez se acercó al camarero cuando éste charlaba con otros clientes en la barra, sacó el arma y se la puso en la frente. Éste logró agarrarle la mano a tiempo y doblarla para que soltara el arma, que cayó al suelo. Después de que el camarero lo desarmara, la Policía acudió al bar y se le intervino al juez una pistola de aire comprimido marca Raikar.

Al personarse los agentes en el bar, el presunto autor de las amenazas se identificó como el juez Antonio Fernández. "Yo soy el problema. Por mí os han llamado y si queréis, os lo explico". Lacónico, se limitó a mostrar a los agentes una carpeta con papeles que le acreditan como juez, y les indicó dónde había escondido la pistola con la que supuestamente había encañonado al camarero minutos antes.

Examen psiquiátrico

Tanto el detenido como el camarero acudieron "muy alterados" a la Comisaría, según la Policía Local. El forense que acudió a la Comisaría renunció a explorar al detenido debido a que "no se encontraba en condiciones", y el abogado del detenido solicitó que fuera sometido a un examen psiquiátrico que determine su estado mental.

La comisión disciplinaria del Consejo General del Poder Judicial acordó el pasado diciembre suspender cautelarmente al juez, que estaba siendo investigado por excarcelar a un presunto narcotraficante durante una sustitución por vacaciones de otro juez. La medida se acordó "ante la indiciaria gravedad de los hechos que constan en el expediente disciplinario". Fernández ordenó su puesta en libertad bajo fianza de 25.000 euros y la devolución del dinero incautado.

A la sanción, que puede conllevar la suspensión temporal de funciones o incluso la expulsión de la carrera judicial, se le suma ahora este incidente.