El consejo de la CMT se enfrenta a la destitución por desafiar al Gobierno

La tensión larvada a lo largo de los últimos meses entre el ministro de Industria, José Montilla, y el presidente de la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones (CMT), Carlos Bustelo, a raíz del próximo traslado de la CMT a Barcelona estalló ayer. Montilla tomó como un "desafío" y un "desacato" al Gobierno la resolución aprobada por el consejo del regulador que da luz verde a su traslado, pero dejando en Madrid el grueso de sus dependencias para "garantizar la fluidez con los órganos y agentes" con que interactúa. Industria prepara la destitución de Bustelo y el consejo.

La destitución puede ir adelante "si no se modifica la postura" del consejo de la CMT, lo que parece improbable, según fuentes próximas a Industria. Fuentes del consejo del organismo que regula las telecomunicaciones reaccionaron con "total sorpresa" al conocer las intenciones de Montilla, que lleva muchos días sin hablarse con Bustelo. El presidente de la CMT calificó el traslado a Barcelona como una "deportación".

Las mismas fuentes declinaron explicar si la resolución del consejo, aprobada el pasado jueves, se había tomado o no por unanimidad. Otras afirmaron que sólo han "garantizado que no se realice un traslado brusco, que la marcha se haga gradualmente, con pasos intermedios, para no dañar el funcionamiento de la institución".

Nada que ver con la interpretación que del texto hace el Ministerio de Industria, que se acoge al artículo 35 de la reglamento de la propia CMT para pensar en descabezarla. Este artículo alude a los motivos por los que pueden cesar el presidente del organismo (Bustelo) y la vicepresidenta (Elisa Robles Fraga).

Cuatro años de mandato

Más allá de la renuncia, del fin del mandato, de la condena por delito doloso, la incapacidad permanente para ejercer el cargo y las incompatibilidades, este artículo 35 alude al "incumplimiento grave de sus obligaciones". Y el texto continúa, advirtiendo que los consejeros podrán cesar "por las mismas causas". Esas obligaciones son, a juicio de Industria, acatar las decisiones del Consejo de Ministros. El resto de consejeros son Luis Bermúdez, Gloria Calvo, Antoni Elías, Ignacio Miguel Fernández, José Pascual González, Reinaldo Rodríguez y Crisanto Plaza.

Aunque el próximo diciembre, la mitad del consejo debe renovarse, a Bustelo, nombrado a finales de 2002 por Gobierno del PP sin que entonces suscitara controversia, el mandato no le vence hasta diciembre de 2008. Bustelo fue ministro de Industria entre 1979 y 1980 y también presidió el antiguo Instituto Nacional de Industria (INI).

El desacato vendría, según Industria, por el quinto de los siete artículos de la resolución. Éste establece que "se mantendrán operativas en Madrid las dependencias de la CMT necesarias para garantizar la fluidez de la relación con aquellos órganos y agentes con los que los Servicios de esta Comisión deben interactuar de forma cotidiana en el ejercicio de sus funciones".

Según desarrolla la resolución -asegura buscar, por "responsabilidad", que se "minimicen los riesgos derivados de una descapitalización humana de la Comisión"- esta relación fluida incluye los agentes en el mercado, las autoridades que concurren con las decisiones de la CMT y las que incidan sobre el sector que se regula. Se mencionan a los operadores, la Administración, la Audiencia Nacional, el Tribunal Supremo y las autoridades de defensa de la competencia.

Otro de los puntos aprobados, el tercero, subraya que "todas las actuaciones que requieran movimiento de personal serán voluntarias e incentivadas". A este respecto, Industria sostiene que, en efecto, coincide en que sólo deben trasladarse los empleados que quiere, pero fuentes del ministerio dudaron de que la CMT haya empezado a "incentivar o si quiera hablar y sondear" a los trabajadores. En asamblea, éstos han rechazado irse a Barcelona. A la defensa férrea de su independencia y autonomía, el Gobierno replica que ésta se ciñe a lo que es su actuación sobre lo que ocurre en el mercado, pero no desde un punto de vista orgánico y funcional.

El traslado es fruto del compromiso preelectoral del presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapaterio, en favor de una descentralización no sólo política, sino económica, del Estado, lo que implica que no todos los organismos reguladores estuvieran en Madrid. En julio se acordó que se trasladaría la CMT.