Ofrecimiento de acciones a todos los afectados

Con la decisión judicial de ayer de admitir a trámite la querella, se pone en marcha la siempre pesada y lenta maquinaria de la Administración de justicia. A la complejidad del caso sobre las causas del derrumbe y las supuestas responsabilidades ha de añadirse que las familias afectadas por el hundimiento y el desalojo de sus viviendas se cuentan por centenares. Y en este caso, como en cualquier delito en que exista un perjudicado y que acabe investigado por la justicia, es de obligado cumplimiento realizar un trámite que se denomina ofrecimiento de acciones. Es decir, que el juzgado se dirija a todos, absolutamente a todos los perjudicados, para recordarles que pueden personarse como tales en el proceso penal y ejercer la acusación.

Sólo ese trámite implicará la realización de centenares de notificaciones, que se irán multiplicando cada vez que comparezca en el juzgado un abogado en nombre de sus clientes. "Alguien decía ayer que en Barcelona no quedan ya abogados porque están todos en el Carmel", dijo ayer el fiscal Mena de forma irónica.

Y para que la tramitación judicial del caso no se ralentice, Mena anunció que espera la colaboración de la Dirección General de Relaciones con la Administración de Justicia de la Generalitat, encargada de los medios materiales y personales de los juzgados de Cataluña. "A ver si de una vez damos una respuesta moderna en un caso así", dijo el fiscal jefe, al tiempo que recordaba que en otros casos con decenas de perjudicados se produjeron escenas "bochornosas", como aquella en la que una furgoneta iba arriba y abajo con miles de fotocopias del sumario sin que nadie asumiese la factura de la copistería. En este caso, por tanto, lo más razonable sería abrir una especie de oficina judicial especializada y tener medios informáticos para que cualquier ciudadano pueda ejercer sus derechos, vino a decir el fiscal jefe.

Mena recordó también que la decisión de solicitar la admisión a trámite de la querella la había adoptado él mismo y que no había recibido ninguna instrucción del fiscal general del Estado, Cándido Conde-Pumpido, con el que mantiene unas frías relaciones desde su nombramiento. Por el contrario, el fiscal jefe sí que "alabó" lo que considera "celeridad" de la juez instructora, la misma que desde hace años tramita otra causa muy abultada, como es la de los inspectores de Hacienda.