El PSOE halla graves carencias en las residencias de ancianos concertadas
Dos centros en Usera y Villaverde acumulan quejas de familiares
Falta de trabajadores, de material higiénico, ancianos a los que se tarda semanas en lavar, comidas intragables... El PSOE ha recibido en los últimos meses decenas de quejas de familiares de algunas residencias concertadas de la región. El Grupo Parlamentario Socialista trasladó ayer al pleno de la Asamblea el malestar de estos usuarios. Dos centros, uno en Usera y otro en Villaverde, acumulan una cincuentena de denuncias, según los afectados.
En la región hay cerca de 831.000 personas mayores de 65 años, de las que el 60% ingresa menos de 460 euros al mes. Con sus pensiones, muchos han tenido que buscarse residencias subvencionadas por la Comunidad de Madrid para desembolsar lo menos posible. Pero el trato en estas residencias (17 de un total de 151) no es el esperado, según denuncian los afectados. Éstos han trasladado sus quejas tanto a la Consejería de Familia y Asuntos Sociales como al Grupo Parlamentario Socialista. Dos centros, uno en Usera y otro en Villaverde, acumulan la mayoría de las denuncias. Pero también hay quejas sobre la atención en una residencia de Parque Coimbra (Móstoles). El debate se trasladó ayer a la Asamblea. Muchos de los afectados siguieron el pleno desde los asientos destinados al público.
La diputada Carmen García Rojas (PSOE) denunció en el pleno el estado "de auténtica indefensión" de las personas mayores ingresadas en estos geriátricos concertados. "La red de residencias se encuentra en situación de emergencia por culpa de delegar la gestión en empresas privadas", criticó García Rojas.
Bajas por estrés
Un informe elaborado por el Grupo Parlamentario Socialista señala que en 1996 había en la región 30 residencias públicas y 32 concertadas. En 2003, los centros públicos ascendían a 41 y los concertados a 96. "En los geriátricos concertados hay una alarmante falta de personal y un trabajador por cada 10 ancianos", señaló. Muy pocos se atreven a trabajar en estas residencias. "Los empleados sufren un alto grado de rotación, están mal pagados y sufren un alto índice de absentismo y bajas laborales", agregó la diputada socialista.
La consejera de Familia y Asuntos Sociales, Beatriz Elorriaga, replicó que la situación de estos centros es "bastante buena" y que estos geriátricos cuentan con 0,6 trabajadores por cada persona atendida. Pero Elorriaga también reconoció la existencia "de problemas concretos, lógicos en una red con 16.000 plazas y que, si se detectan, son subsanados lo antes posible".
El diputado socialista Francisco Contreras fue más allá y puso un ejemplo concreto: la residencia concertada Cristo de la Victoria, en Usera. "Los ancianos están obligados a llevar, dentro y fuera del centro, un cartel en el torso con datos privados. Esto vulnera su derecho a la intimidad", aseguró.
En las fichas figura la fotografía del residente, el tipo de dieta a seguir, la medicación prescrita por su médico y las patologías que padece. "Esos datos sanitarios tienen una especial protección legal", agregó Contreras.
"Todas las residencias de mayores cumplen la ley de protección de datos", contestó Elorriaga. La consejería, según su titular, no ha recibido de la empresa que audita esta residencia "de Usera ninguna protesta o señalización de falta grave", concluyó.
Cada anciano con su cartel
"¡Felicidades a Carmen, que hoy cumple 105 años!". Los altavoces rompían ayer por la mañana la monotonía de los ingresados en una residencia para ancianos de Usera. Nadie estaba para fiestas. Los familiares de los residentes de este centro, público pero de gestión privada, han denunciado en reiteradas ocasiones las deficiencias que hay en este recinto, inaugurado en octubre de 2003.
En apariencia, todo está nuevo, las baldosas brillan. Pero a Clemente Rodríguez se le saltan las lágrimas cuando habla de cómo cuidan a su mujer, Mercedes, que sufre demencia. "La tienen sucia, apenas la cambian la ropa, la secan con sábanas porque no hay ni toallas", cuenta. Un cartel cuelga de la silla de ruedas de Mercedes con sus datos personales y su fotografía. Los residentes tienen que llevarla, en teoría, a todas partes. También si salen fuera del recinto. Si se pierden, el cartel facilitaría su identificación. Pero los familiares piensan que el cartel vulnera el derecho a la intimidad de los ancianos. "Hay datos en el cartel que no le importan a nadie, como el tipo de dieta que llevan", critican.
El cartel se ve en muchos de los ancianos, aunque hay otros que no hacen caso de las indicaciones y se lo quitan.
Las residencias concertadas reciben una subvención de la Comunidad que pasa los 1.200 euros por plaza. En muchas ocasiones, los ingresados tienen que dejarse el 80% de su pensión en pagar su estancia en estos centros.
Paloma Aguilar tiene a su suegro en la residencia. "Los mudan cada mucho tiempo y no los duchan a diario. Falta medicación y personal que les atienda", denunció. Juan Carlos Martín visitó ayer a su madre: "Por lo menos me tiene a mí, que vigilo de que todo esté bien. Me dan mucha pena los ancianos que no tienen familiares pendientes de que la atención sea la correcta
".
