Pues va a ser que sí

Los partidarios del "no" repiten con machacona insistencia que la Europa que consagra la Constitución es la Europa de los mercaderes; una Europa en la que no cabe la solidaridad; una Europa apolítica. Admito que este Tratado avanza poco en materia de gobernanza económica y no cambia nada en materia de fiscalidad o de política social. Pero eso no autoriza a decir que la Unión es un gigantesco supermercado sin control político. La idea de Europa nace de una reflexión política, se desarrolla al compás de los acontecimientos políticos y avanza lentamente hacia una unión política.

La idea de Europa nace cuando los europeos empiezan a ser conscientes de la dimensión de la tragedia que supuso la Segunda Guerra Mundial. Más de 100 millones de europeos habían muerto por causas no naturales entre 1914 y 1945. La riqueza de los países europeos era en este año la mitad de la que tenían en 1939. Los países europeos que habían dominado la escena mundial hasta entonces asistían como convidados de piedra al reparto del mundo entre los soviéticos y los americanos. La unión de Europa parecía la única fórmula posible para asentar la paz, recuperar la prosperidad y cobrar un cierto protagonismo en el nuevo orden mundial. Churchill habla ya de los Estado Unidos de Europa en 1946. El Congreso del Movimiento Europeo de 1948 de Constitución Europea.

El proyecto europeo arranca con los Tratados de Roma (1957). Los países fundadores de la CEE apuestan por integrar sus economías trasfiriendo competencias estatales a instituciones comunes; es decir, renunciando a parcelas importantes de su soberanía. Fuera quedan los países que se habían inclinado por el socialismo real, los que sufrían regímenes totalitarios (España y Portugal) y también el Reino Unido y los países nórdicos aferrados al sacrosanto dogma de la soberanía estatal. Democracia, economía de libre mercado y supranacionalismo son los principios políticos que ponen en marcha el proceso de construcción europea. En definitiva, política.

El siguiente hito, en el proceso europeo, el Acta Única (1986), es también consecuencia de los avatares políticos. Las crisis del petróleo, la competencia de los países emergentes y los cambios demográficos alteraron radicalmente el escenario económico y revolucionaron las ideas económicas imperantes hasta entonces. Las políticas keynesianas de estímulo a la demanda son sustituidas por las nuevas políticas de oferta puestas de moda por la Escuela de Chicago. El Acta Única, obediente a los nuevos dogmas, convierte el mercado común en un mercado interior sin fronteras y elimina las rigideces que frenaban el crecimiento económico. Pero, al mismo tiempo consagra la cohesión económica y social, como uno de los pilares básicos de la construcción europea. Es decir, más política, porque como recuerda David Allen: "El sistema económico europeo podría posiblemente sobrevivir sin los efectos redistributivos de la política estructural, pero lo que no sobreviviría sería el proyecto político de la Unión".

En los años siguientes la historia se acelera; cae el Muro de Berlín (1989) y los países de la Europa del Este llaman a la puerta de la Unión; el conflicto de los Balcanes pone al desnudo la impotencia europea y echa en brazos de la única estructura militar con capacidad operativa, la OTAN, a los antiguos miembros del Pacto de Varsovia. La respuesta europea es Maastricht (1992), que trae consigo la moneda única y la ciudadanía europea. Y que además incorpora las dimensiones de seguridad y defensa de un lado, y de seguridad y justicia, de otro. Maastricht también consagra al Consejo Europeo como la instancia que debe dar a la Unión "los impulsos necesarios para su desarrollo y definir sus orientaciones políticas generales"; y aumenta el protagonismo del Parlamento Europeo, al instaurarse el procedimiento de codecisión. Todo ello supone un avance en la arquitectura institucional de la Unión. El Tratado de Ámsterdam (1997) es Maastricht más empleo y política social; y el de Niza (2000) se limita a adecuar la casa común para "coser las dos europas".

¿Qué añade la Constitución a este proceso? Ciñéndome sólo a los aspectos políticos, que son lo que la izquierda cuestiona, la Constitución consagra los valores que ya figuran en el tratado de Maastricht (la libertad, la democracia y el respeto por los Derechos Humanos) a las que vienen a añadirse las menciones a la dignidad humana y a la igualdad. La Unión se marca como objetivos en el interior de su territorio la paz y el bienestar de sus pueblos, el mercado interior, el desarrollo sostenible, el progreso científico y técnico, la protección social, la cohesión económica y el respeto a la diversidad cultural. En el exterior, la paz, la seguridad, el desarrollo sostenible, la solidaridad, el comercio justo, la erradicación de la pobreza, la protección de los derechos humanos y la observancia del derecho internacional.

La Constitución integra, con pleno valor jurídico, la Carta de Derechos aprobada en Niza y anuncia la adhesión de la Unión al convenio del Consejo de Europa sobre Derechos Fundamentales.

También consagra la economía social de mercado, como un modelo que obliga a avanzar, con el mismo énfasis, en el crecimiento, la solidaridad y la protección de los recursos naturales. Y hace de la inmigración y la lucha antiterrorista políticas comunes, incluyendo además una cláusula de solidaridad entre los Estados miembros. Además, engloba la política exterior y de seguridad común en el marco más amplio de la acción exterior de la Unión y crea la figura del ministro de Asuntos Exteriores.

Los españoles sabemos mejor que nadie la carga política que el proyecto europeo comporta. Europa significa democracia, libertad y respeto a los derechos de los demás, es decir, aquello de lo que fuimos privados durante muchos años. Y eso es, ni más ni menos, lo que consagra esta Constitución; que nadie nos diga que eso no es política.

José Manuel García-Margallo es eurodiputado del PP.