A prueba de fuego

La extrema vulnerabilidad al fuego que se ha puesto de manifesto en el edificio Windsor ha hecho saltar las alarmas frente a los riesgos de incendio en edificios de iguales o parecidas características. A la espera de conocer con exactitud las causas del siniestro y de su rápida propagación -algo que sólo podrá saberse tras la investigación que se inicie hoy con la entrada de bomberos y técnicos al interior del edificio-, la Comunidad de Madrid ha reaccionado poniendo en marcha un plan de inspección y actualización de las vigentes normas de prevención de incendios en los edificios de más de 50 metros de altura -entre 18 y 20 plantas- que existen en la región.

Esa forma de actuar no es precipitada, como han señalado algunos, sino obligada, además de oportuna. Tras el desastre del Windsor, una iniciativa de ese tipo era insoslayable, aunque hace tiempo que el plan anunciado ahora debería haber estado vigente. Si, con el paso del tiempo, surgen nuevas y más sofisticadas medidas de prevención de riesgos -en materia de incendios o de otro tipo- que la legislación incorpora por considerarlas adecuadas, parece lógico que se apliquen no sólo en las nuevas, sino en las edificaciones ya existentes. Bien es cierto que en ese caso la Administración tiene que dar facilidades, en plazos y ayudas públicas, a las sociedades y comunidades de propietarios. En estos días las empresas especializadas en sistemas de protección contra incendios han detectado un significativo aumento de llamadas y consultas sobre la cuestión.

El edificio Windsor, una construcción de los años setenta de 106 metros de altura, ha ardido precisamente cuando se estaban realizando obras que incluían la adaptación a las exigencias de la reciente normativa sobre prevención de incendios de la Comunidad de Madrid, aprobada en 2003. En todo caso, la seguridad de las construcciones, incluida la protección contra incendios, no sólo es materia de normas autonómicas y ordenanzas municipales, sino de legislación estatal. No tiene ninguna lógica que en un país europeo que se reclama moderno siga pendiente de aprobación, cinco años después, el Código Técnico de la Edificación, desarrollo reglamentario de la Ley de Ordenación de la Edificación de 1999, que refuerza las exigencias de calidad de los materiales y las medidas de prevención de riesgos.

Su ausencia se hace todavía más llamativa después de incendios como el que ha calcinado el edificio Windsor.