La Comunidad de Madrid revisará los 214 edificios que superan 50 metros de altura

La Comunidad de Madrid inspeccionará los sistemas de seguridad de los 214 edificios de la región que superan los 50 metros de altura. Esta medida es la principal consecuencia de la reunión que mantuvo ayer el vicepresidente segundo del Gobierno regional y consejero de Justicia e Interior, Alfredo Prada Presa, con representantes del Ayuntamiento de Madrid, de la Federación Madrileña de Municipios (FMM) y de los bomberos. Prada anunció que la normativa no será modificada ya que, según dijo, es de las más restrictivas que hay en España.

La Comunidad de Madrid está estudiando cómo desarrollar esa labor inspectora, ya que las competencias corresponden a los ayuntamientos, salvo que tengan menos de 20.000 habitantes empadronados. Este problema deberá quedar resuelto antes de que mañana se reúna el Consejo de Gobierno de Madrid, que será el que apruebe este plan de vigilancia de los rascacielos de la región.

Se ha puesto como tope los 50 metros (unas 20 plantas), ya que ésa es la altura máxima que pueden alcanzar las autoescalas de bomberos. A partir de ese límite, los edificios deben ser autosuficientes para apagar un incendio como el que arrasó la torre Windsor.

A los propietarios se les obligará a que cumplan el Reglamento de Prevención de Incendios de la Comunidad de Madrid. "Entendemos que no hay que modificar la legislación. Sólo se buscan normas que nos permitan exigir su cumplimiento", señaló Prada.

9.776 de 10 plantas

En una segunda fase del plan está previsto que también se controlen aquellos inmuebles que superen los 28 metros (10 plantas). El censo provisional que maneja la Consejería de Justicia e Interior es de 9.776.

Prada recordó que la revisión de los sistemas de seguridad de los edificios corresponde a los propietarios, mientras que la inspección corre a cargo de los ayuntamientos cuando se trata de municipios de más de 20.000 habitantes.

Las localidades con una población inferior a la citada son inspeccionadas por el Gobierno autonómico. El periodo de adaptación al reglamento puede llegar hasta tres años en determinados supuestos. De hecho, el rascacielos siniestrado estaba siendo sometido a obras para adecuarlo precisamente a tal legislación.

Hoy está previsto que entren cuatro oficiales de bomberos y de control de la edificación (dos arquitectos y dos técnicos superiores) a la torre siniestrada para comprobar el estado en que quedó tras el incendio. Su principal trabajo consistirá en ver el grado de resistencia de la estructura.