Un supuesto tráfico de influencias por productos fitosanitarios

El caso Fabra se desató en diciembre de 2003 cuando Vicente Vilar, un fabricante de productos fitosanitarios, presentó dos querellas contra el líder del PP de Castellón, Carlos Fabra, por supuestos delitos contra la salud pública y la propiedad industrial. Los juzgados de Nules no admitieron las querellas. Sin embargo, uno de ellos abrió un procedimiento de oficio ya que dedujo la posible comisión de uno o varios delitos contra la administración pública, entre los que se encuentran los de tráfico de influencias, cohecho y prevaricación.

Además, la juez imputó tanto a Fabra como a Vilar, así como a la esposa del primero, María Amparo Fernández, y a la ex mujer del segundo, Monserrat Vives. Estas dos últimas habían formado una sociedad, Artemis 2000, vinculada a la comercialización de fitosanitarios. Según Vilar, él mismo le pagaba a Fabra a través de otra empresa, Carmacas, que justificaba los pagos con facturas por la elaboración de estudios.

En abril, el juzgado admitió a la Unión de Consumidores de la Comunidad Valenciana (UCE) como acción popular. Poco después, la Fiscalía Anticorrupción asumió el caso para investigar el presunto tráfico de influencias de Fabra en los ministerios de Agricultura y Sanidad con el fin de acelerar la autorización de productos fitosanitarios.