La Policía Local confirma ante el juez la inseguridad de la demolición de Granada

Los dos agentes de la Policía Local de Granada que redactaron el informe sobre la demolición municipal en la que falleció un inmigrante ecuatoriano en situación irregular el pasado 21 de diciembre, ratificaron ayer en el juzgado de Instrucción número 6 de la capital lo que relataron en ese documento en el que describieron la falta de medidas de seguridad con la que se ejecutaban las obras. El titular del juzgado, Miguel Ángel del Arco, que todavía no ha citado a ninguna persona como imputado, tomará declaración en los próximos días a los albañiles que trabajaban con el fallecido y al propietario del edificio colindante al derribado, que dos meses antes del accidente laboral, denunció en el área de Urbanismo del Ayuntamiento que el derribo "podría causar alguna desgracia personal".

El documento que los agentes ratificaron ayer señalaba que la obra en la que se produjo el siniestro se estaba desarrollando sin suficientes medidas de seguridad así como otras irregularidades. Los policías describieron en su informe que los trabajadores carecían de calzado adecuado y casco y que parte del personal de la empresa que ejecutaba las obras carecía de permiso de trabajo y residencia. Los agentes señalarón además que la constructora para la que trabajaba el obrero muerto, lo hacía por encargo de otra -Hermanos Rodríguez C.B.- que a su vez se había comprometido a realizarla con la contratista municipal a la que el Ayuntamiento se la adjudicó (Rehabilitaciones y Demoliciones Granada S.L.). En el tajo, según el informe, tampoco encontraron el material necesario para hacer demoliciones. Los agentes tuvieron que buscar puntales y herramientas en obras vecinas para que los bomberos pudieran asegurar lo que quedó del edificio después de que se cayera el muro que acabó con la vida del obrero ecuatoriano.

Junto a ese informe, el sumario del Juicio contiene el presentado por la Inspección de Trabajo. Este segundo documento señaló como principal responsable del siniestro a la coordinadora de seguridad y directora técnica de la obra, que fue nombrada por el Ayuntamiento en 2001. El municipio, según la Inspección, sería por ello responsable administrativo y tendría que pagar, como mínimo, una multa de 90.000 euros.