Contra fundamentalismo, laicismo

Si el siglo XX fue el de la irrupción de las dos grandes ideologías totalitarias, el nazifascismo y el comunismo, está visto que el siglo XXI se inicia bajo la amenaza del fundamentalismo religioso -no sólo el islámico, claro está, sino todos los fundamentalismos de matriz religiosa, desde el cristiano hasta el judío, pasando por el hinduista, entre otros-. En este contexto deben entenderse tanto el terrorismo del extremismo islámico más radical y fanático como el belicismo galopante que, bajo la cobertura ideológica de los "cristianos renacidos" y los neocons, pretende imponer un nuevo orden mundial. En este contexto se inscriben también las brutales políticas represivas del Gobierno israelí contra los palestinos y muchos otros conflictos entre comunidades religiosas, como sucedió en los Balcanes y como sucede aún ahora en la India y en Sudán, por ejemplo.

Cuando las dos grandes ideologías totalitarias del siglo XX parecen ya definitivamente desaparecidas, un nuevo fantasma recorre el mundo: el fundamentalismo religioso, con un trasfondo también profundamente totalitario. Y conviene distinguir muy bien entre el integrismo y el fundamentalismo, puesto que mientras que el integrismo simplemente pretende la reivindicación plena y estricta del dogma como algo de obligado cumplimiento para los creyentes, el fundamentalismo persigue la imposición de los dogmas al conjunto de la sociedad. Conviene tenerlo en cuenta, porque el huevo de la serpiente anida siempre una importante amenaza.

La reciente intervención papal ante una representación del obispado español, planteada como una diatriba implacable contra la política del Gobierno de Rodríguez Zapatero, se inscribe de lleno en la línea del fundamentalismo religioso, ya que es una demostración inequívoca de la voluntad del Vaticano de imponer las concepciones morales más ortodoxas de la Iglesia católico-romana a toda la sociedad española. Sólo así pueden entenderse los muchos despropósitos de la reciente intervención papal.

¿Cómo puede hablarse de ausencia de libertad religiosa en España, y en concreto de ausencia de libertad para la Iglesia católico-romana, cuando esta confesión religiosa percibe anualmente del Estado casi 150 millones de euros y las otras tres confesiones religiosas que tienen firmados también acuerdos de cooperación con el Estado -musulmana, evangélica y judía- perciben poco menos de tres millones? ¿Cómo puede hablarse de ausencia de libertad religiosa en España cuando la misma Iglesia católico-romana goza en nuestro país de gran número de privilegios, desde la financiación estatal hasta importantes desgravaciones fiscales, pasando por la existencia de una asignatura de Religión en toda la enseñanza media, con profesorado designado por la jerarquía católico-romana pero pagada por el Estado? ¿Cómo puede hablarse de ausencia de libertad religiosa cuando España es uno de los pocos países de nuestro entorno en el que las bodas celebradas por el rito católico-romano tienen validez civil inmediata, sin necesidad de comparecencia ante ninguna autoridad del Estado; cuando son muy frecuentes las ceremonias católico-romanas a las que asisten las autoridades civiles, incluso presidiendo algunas solemnes ofrendas religiosas; cuando el Estado sufraga también la existencia de capellanes y obispos castrenses; cuando se celebran las más tradicionales festividades de la misma confesión religiosa; cuando casi todas las cadenas públicas de radio y televisión emiten todo tipo de ceremonias religiosas de la misma Iglesia; cuando, en fin, la propia Iglesia católico-romana es propietaria única de una poderosa cadena de emisoras de radio caracterizada por sus incesantes ataques al Gobierno?

Aunque es muy probable que a alguien se le fuera la mano en la redacción de la apocalíptica intervención pontificia, conviene no echar en saco roto todo cuanto en ella se dijo, ya que sin duda es una muy buena demostración del auge del fundamentalismo religioso.

Desde la Constitución de 1978, España es un Estado aconfesional, que reconoce de forma explícita a la Iglesia católico-romana, por su implantación histórica en nuestro país, pero sin conferirle tratamiento especial, con la lógica separación entre el Estado y cualquier confesión religiosa. Es evidente que no ha habido ningún incumplimiento de esta normativa y que se cumple lo establecido en el vigente concor-