"El buen gobierno es cultural"
El experto defiende que la comisión de nombramientos sea obligatoria
Rafael Mateu de Ros es secretario general y secretario del consejo de administración de Bankinter. La entidad bancaria ha puesto en marcha distintas inciativas para ponerse al frente del buen gobierno corporativo en España en los últimos años, como la eliminación de blindajes, el voto electrónico o la elaboración de memorias específicas. Mateu de Ros es también autor del libro La ley de transparencia de las sociedades anónimas cotizadas.
Pregunta. ¿Cómo puede un pequeño inversor saber que un consejo funciona bien?
Respuesta. Lo más sencillo es ir a la web corporativa. Todas las cotizadas están obligadas por la Ley Aldama a tener un mínimo de información en ella, como el reglamento del consejo y de la junta, el número de consejeros independientes, la frecuencia con que se reúne... Así se puede ver cómo funciona el consejo. Que la comisión de auditoría se reúna todos los meses o que la mayoría de sus consejeros sean externos son datos relevantes. Pero el pequeño inversor debe tener cierta capacidad de análisis.
"El pequeño inversor debe tener cierta capacidad de análisis y en España aún no la tiene, aunque cada vez está más preparado"
"Tal y como está regulado, el derecho de información sólo existe cuando se convoca la junta de accionistas. No es permanente"
P. ¿La tiene el inversor español?
R. Creo que aún no, pero sí que tiene la capacidad de acceder a más información y cada vez está más preparado. También es importante que la web permita cierta interactividad, que el inversor pueda preguntar lo que no entiende. En Bankinter se puede hacer a través de un formulario o por teléfono, aunque aún son pocos los accionistas que lo hacen.
P. Una recomendación del buen gobierno es separar los cargos de presidente y consejero delegado. ¿Por qué cree que los códigos españoles no se han atrevido a ir tan lejos?
R. En España hay muchas empresas en las que el presidente es ejecutivo. Un presidente ejecutivo puede ser un mejor garante del buen gobierno corporativo que un presidente sin poderes. Los informes y los códigos deben tomarse como recomendaciones, estamos aprendiendo todos. Es un proceso gradual.
P. Entonces, ¿no considera que habría que obligar a las empresas a esta división de poderes?
R. En este momento no, porque la realidad empresarial es muy diferente. Lo que sí creo es que en este terreno algunas cosas deben ser obligatorias.
P. ¿Como cuáles?
R. La comisión de nombramientos y retribuciones. Todas las cotizadas deberían tener una. Sería bueno que hubiera unos mínimos legales, como ya hay para la comisión de auditoría. Otra cosa que debería regularse es el derecho de información del accionista. Tal y como está hoy ese derecho, sólo existe en realidad cuando se convoca la junta de accionistas. No es un derecho permanente.
P. A pesar de no ser obligatorias, la mayoría de las empresas tienen ya comisión de nombramientos. ¿Es un avance real?
R. Sí. En Bankinter tanto la comisión de nombramientos como la de auditorías están, además, formadas sólo por consejeros externos. El peso de ambas la llevan los independientes, se reúnen con frecuencia y toman decisiones.
P. ¿No debería haber sido más concreto el regulador?
R. No cabe una ley que cambie todo de golpe. Decir a una sociedad privada cuántos consejeros debe tener es peligroso. El legislador no debe imponer cuál debe ser, por ejemplo, la edad de jubilación de los consejeros. El proceso debe ser gradual, es más inteligente, porque es una cuestión cultural. Lo que está claro es que un consejo de veintitantos miembros es inmanejable.
P. ¿Cómo debe ser una comisión de auditoría ideal?
R. Tiene que ser capaz de ejercer dos funciones: verificar los resultados trimestrales de la empresa antes de que se publiquen y dirigir los trabajos de la auditoría interna y nombrar a su responsable, fijar su sueldo y planificar su trabajo. Lo ideal es que ese área dependa de la comisión de auditoría. Otra idea que preparamos es que un auditor independiente y diferente al que audita las cuentas verifique que el escrutinio de la junta de accionistas sea veraz. La intención es que en la próxima junta ya se haga esa verificación.
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