Los inquilinos deberán identificar al dueño del piso en la próxima declaración del IRPF

Los inquilinos tendrán que aportar el número de identificación fiscal (NIF) del arrendador de su piso en la próxima declaración de la renta. Es la medida más novedosa del plan de prevención del fraude fiscal que aprobó ayer el Consejo de Ministros. El Gobierno pretende así estrechar el control sobre los alquileres no declarados. El proyecto final renuncia a una de sus principales novedades anunciadas: la obligación de aportar al Registro de la Propiedad el contrato privado de compraventa del piso. Además, el Gobierno fijará un único valor de referencia de los inmuebles para el pago de impuestos.

Dos meses después de la presentación del borrador, el Consejo de Ministros aprobó ayer el texto definitivo del plan de prevención del fraude fiscal, una de las medidas económicas estrella del programa electoral socialista. El documento, que se revisará anualmente, recoge algunas de las más de 500 sugerencias aportadas al plan durante los dos meses que ha estado sometido a consulta pública. Éstas son las principales novedades:

- Identificación del casero. La principal novedad en el sector inmobiliario consiste en obligar al contribuyente a informar en su declaración de la renta sobre si su residencia es vivienda propia o de alquiler. En este segundo caso, el inquilino facilitará el NIF de su arrendador.

La medida se aplicará ya en la próxima campaña de la renta, que comienza en mayo, según aseguró ayer el vicepresidente y ministro de Economía, Pedro Solbes, en la comparecencia posterior al Consejo de Ministros. El objetivo es "vincular las deducciones de unos y los ingresos de otros", es decir, controlar más los alquileres, de forma que se reduzca el número de los no declarados.

- Contratos privados. Las críticas recibidas han disuadido a Economía de aplicar una de las medidas que se anunció como principal novedad en el sector inmobiliario: la obligación de llevar al Registro de la Propiedad los contratos privados de compraventa del piso. Con el argumento de que eran estos documentos los que realmente reflejaban el precio pagado, y no tanto las escrituras aportadas al Registro, el Gobierno ideó esta medida que ahora se descarta. "No hemos renunciado totalmente. La medida tiene su atractivo y estamos pensando en otras alternativas", explicó el ministro. Fuentes de este departamento explican que los notarios han alegado que adjuntar documentos privados, además de las escrituras, en el registro puede crear algún problema jurídico, al conferir al contrato una categoría que no tiene.

Tampoco se incrementarán las obligaciones de información contempladas en el plan inicial pues, según Solbes, ya hay otras administraciones que disponen de esos datos y no es necesario pedirlos al contribuyente.

- Un solo valor inmobiliario. Fuera del plan contra el fraude, en un proyecto que se desarrollará en los próximos meses, el Gobierno pretende crear un único valor de referencia inmobiliaria que acabe con la dispersión actual (existen siete diferentes, según Solbes). Esto implica que todos los impuestos (de la Administración central o de las territoriales) que se pagan por actividades inmobiliarias vayan vinculados a un solo indicador, más aproximado al valor real de mercado del inmueble. En la práctica, esto supondrá un aumento de la recaudación.

- Tramas de IVA. Además de las medidas ya anunciadas en el borrador, destaca el establecimiento de "acuerdos de entendimiento" con las empresas afectadas por la competencia desleal que generan los defraudadores de IVA. Se trata de establecer fórmulas de compensación, esencialmente fiscales, para las sociedades que colaboren en desentrañar tramas. También se establecerán nuevos supuestos de responsabilidad subsidiaria en el pago del impuesto, de forma que Hacienda pueda recurrir a otros sujetos vinculados a la empresa (más allá de su dueño) para asegurarse el cobro.

- Ley contra el fraude. Aunque el plan se aplica desde la próxima semana, las medidas que requieran cambios legales se incluirán en una ley específica que se aprobará después del verano. Entre esas medidas más tardías, Solbes citó la retención prevista en el sistema de módulos para los empresarios que emitan facturas a otros empresarios. Su fin es evitar las facturas falsas en este régimen, que establece la tributación según las características del negocio.

Solbes indicó ayer con rotundidad que se renuncia al proyecto de policía fiscal para perseguir el fraude. En su lugar, se opta por la colaboración con Justicia e Interior. También se aparca de momento una reforma del régimen de módulos.