PSOE, IU y PA llegan a un acuerdo sobre la pensión de los ex presidentes

Las negociaciones entre los tres grupos firmantes del impulso democrático para cambiar algunos aspectos de este acuerdo empiezan a dar sus frutos. El PSOE, Izquierda Unida y el PA han cerrado un acuerdo sobre la ley del Estatuto de los ex presidentes de la Junta, un tema que ya tienen regulado varias comunidades autónomas y que en Andalucía había causado fuertes críticas del PP por el régimen económico que establecía la norma.

Finalmente, los tres grupos han acordado presentar enmiendas a la ley acordada inicialmente para fijar "con claridad" la asignación de los ex presidentes autonómicos. El acuerdo establece que los ex presidentes cobrarán una pensión, al cumplir los 65 años, equivalente al 60% del salario en el momento de su cese, informa Europa Press.

Esta asignación será incompatible con la cesantía (indemnización del 80% del sueldo durante dos años al dejar la presidencia de la Junta) y con cualquier actividad laboral o con ingresos derivados del ejercicio profesional. De la cantidad global que cobrarán los ex presidentes de la Junta a partir de los 65 años deberán deducirse los ingresos que perciban por la pensión pública de la Seguridad Social.

Esta fórmula es similar a la que esta regulada desde 1981 en el País Vasco, donde los ex lehendakaris tienen derecho una pensión extraordinaria, pero sólo pueden cobrar la diferencia si perciben otra de cuantía inferior de la Seguridad Social.

En cuanto al Consejo Consultivo (órgano de asesoramiento legal de la Junta de Andalucía), el acuerdo alcanzado entre PSOE, IU y PA establece que los ex presidentes de la Junta dejarán de pertenecer a esta institución a los 65 años, por lo que no podrán simultanear el cobro de la pensión con las dietas de asistencia a las reuniones del Consejo Consultivo.

Con esta nueva regulación, los ex presidentes de la Junta tendrán derecho a partir de los 65 años, siempre que no tengan actividad laboral o profesional que les proporcione ingresos, a una asignación igual al 60% del sueldo que tengan en el momento de su cese y siempre con una cuantía máxima de 42.000 euros brutos anuales.

De este modo, podrán percibir en los dos años posteriores una cesantía o indemnización por cese, que se regula en la Ley de Incompatibilidades, al encontrarse "retirado de toda actividad". Después de esos dos años, los ex presidentes podrán cobrar como miembros natos del Consejo Consultivo y, a partir de los 65 años, pasan a cobrar el 60% del salario que tuviese en el momento del cese.

Impulso democrático

Al margen de estas cuestiones, el PSOE también negocia con IU y PA enmiendas encaminadas a ampliar el contenido del acuerdo sobre medidas de impulso democrático para incluir aspectos vetados por el PP en la fase inicial de la negociación, como la ampliación de las incompatibilidades aplicables a los diputados autonómicos y la aprobación de una ley que regule la paridad en las listas electorales.

En concreto, estas enmiendas irán orientadas a fijar que los parlamentarios deban tener dedicación exclusiva e incompatible con otra actividad pública, al tiempo que extenderán la obligación de presentar declaración pública de bienes a todos los integrantes de las candidaturas a elecciones autonómicas, hasta ahora limitada a los diputados electos.

Por otra parte, representantes de los cuatro grupos parlamentarios mantuvieron ayer su quinta reunión para reformar el Reglamento de la Cámara, una cita en la que se constataron avances sobre los cupos para presentar iniciativas en plenos y comisiones, pero admitieron que aún quedan "flecos" por cerrar, informa Efe.

Después de más tres horas de reunión, PSOE, PP, IU y PA consiguieron acercarse a un principio de acuerdo para fijar el número de iniciativas que podrán presentar en plenos y comisiones cuando se apruebe el nuevo Reglamento, aunque los participantes en la negociación reconocieron que restan "flecos" por acordar y que la regulación de las comisiones de investigación sigue "aparcada".