Protesta laboral contra el segundo puente de Cádiz

El presidente del comité de empresa de Izar en Puerto Real (Cádiz), Ramón Linares, anunció ayer que los trabajadores de la factoría naval están dispuestos a movilizarse si se mantiene el actual diseño del segundo puente de Cádiz que, en su opinión, perjudica gravemente la capacidad productiva del astillero al limitar la navegación en aguas de la Bahía gaditana a buques que superasen los 60 metros de altura, ya que el gálibo del puente se sitúa en los 65 metros.

El representante sindical acusa a PSOE y PP de estar presionando con "prácticas mafiosas" a la dirección de la empresa naval para que acepte sin objeciones el proyecto.

El Ministerio de Fomento adjudicó en julio de 2003 la redacción del proyecto de construcción a Javier Manterola para diseñar una infraestructura que se considera fundamental para el futuro de las comunicaciones y desarrollo económico de Cádiz capital y la Bahía.

En ese diseño, se establece que el punto máximo de altura no podría superar los 65 metros de altura porque las pendientes superarían el 5% de desnivel en ambas patas del puente.

Esta altura impediría el paso de buques con más de 60 metros, que son los gaseros, grandes buques de mercancía o cruceros de lujo. El astillero de Puerto Real tiene capacidad para construir barcos de hasta 111 metros de alto.

Linares recordó que los empleados se movilizaron en plena reconversión de la compañía para defender los puestos de trabajo y el mantenimiento del astillero. "Si nos movilizamos entonces, haremos lo mismo ante cualquier decisión política que ponga en peligro el empleo en la Bahía".

El presidente del comité fue más lejos y aseguró tener constancia de que dirigentes del PP y del PSOE están "presionando" a la dirección de Izar para que no ponga objeciones al actual diseño y permita que el proyecto pueda ser finalizado cuanto antes. "Son prácticas que entendemos ilegales, casi de un Estado mafioso porque tratan de forzar a una empresa a que haga algo en contra de sus intereses".

Tanto socialistas como populares rechazaron ayer esas acusaciones. El diputado nacional socialista, Rafael Román, reconoció que se han mantenido conversaciones con Izar "para acelerar el proyecto" pero negó que se puedan considerar presiones.

La alcaldesa de Cádiz, Teófila Martínez, del Partido Popular, recordó a los trabajadores de Puerto Real que "ellos aceptaron que el astillero sea considerado militar, por lo que ya no puede aspirar a barcos con tanta altura".