Vivienda asumirá las funciones de las Cámaras de la Propiedad

El Gobierno vasco está calculando el coste económico que le va a suponer la liquidación de las actuales Cámaras de la Propiedad Urbana cuando entre en vigor, a finales de marzo, el decreto que está redactando a este respecto, y que supone asumir a unos 25 empleados que tenían fijos el 1 de junio de 1990. El decreto transfiere a Vivienda la mayoría de las funciones y servicios que prestan actualmente las Cámaras a los propietarios e inquilinos de viviendas y establece que sus empleados que pasen al Gobierno cobrarán según el convenio colectivo del sector publico.

Se trata del segundo proyecto de decreto que maneja la Administración vasca, tras el que remitió a mediados de 2004 a la Sala de lo Contencioso del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco para evitar una reprimenda judicial por su dilación en cumplir los términos de una sentencia anterior. Dicha sala condenó al Gobierno vasco en 2002 a liquidar las cámaras como corporaciones de derecho público y a asumir a su personal en aplicación de un Real Decreto de 1994. Dos años después, y ante la pasividad del Ejecutivo a la hora de llevar a cabo los términos de la resolución, el Tribunal Superior dictó un auto de ejecución de sentencia en el que le advertía de que, si no integraba a los trabajadores de las cámaras en la Administración con carácter inmediato, lo haría por sus propios medios. El 1 de noviembre de 2004, una docena de empleados de las Cámaras, sobre todo de la de Álava, entraron a trabajar al Gobierno vasco.

Funciones

El nuevo decreto, que el Gobierno vasco quiere que entre en vigor antes de finales de marzo y, en cualquier caso, antes de que concluya la legislatura, establece el cese de las funciones que desempeñan actualmente las tres Cámaras de la Propiedad Urbana del País Vasco. A partir de ese momento será el Departamento de Vivienda el que asuma los servicios que desempeñan esos organismos, tales como la información en materia de derechos y obligaciones de propietarios de bienes inmuebles, y visado oficial y registro de contratos de arrendamiento. El servicio se prestará independientemente de que quien lo solicite sea propietario o inquilino.

Además, Vivienda y Asuntos Sociales asumirá las funciones de mediación y conciliación en los conflictos que surjan entre los propietarios e inquilinos, siempre que las dos partes lo soliciten. Finalmente, la Administración asumirá también el registro, depósito y gestión recaudatoria de las fianzas de arrendamientos urbanos.

Una disposición transitoria del decreto establece que mientras no se produzca la incorporación efectiva del personal al Gobierno vasco, éste seguirá prestando sus servicios en los locales de las cámaras.

Los altos cargos de estas corporaciones de derecho público están ya trabajando con la hipótesis de que el Gobierno, una vez que se liiquiden las cámaras y pase a titularidad pública su patrimonio, les va a devolver parte del mismo para que sigan desarrollando las funciones de defensa de los propietarios. En esa línea, el secretario de la Cámara de Guipúzcoa, Marcos Ballesteros, ha encargado un estudio a una asesoría de comunicación de Vitoria para intentar mejorar la imagen de la institución que dirige. Esta decisión está vinculada a las desfavorables conclusiones de la auditoría que encargó el Gobierno vasco sobre las tres cámaras y que le fue entregada en diciembre de 2003.

El informe económico, financiero, patrimonial y de personal concluía que la mala gestión de los altos cargos de las Cámaras de Vizcaya y de Guipúzcoa, y una "desproporcionada" estructura de gastos de personal, estaban mermando un patrimonio que ya tenía que llevar más de una década en manos públicas.

La auditoría detectó que entre 1999 y 2002 la situación de estas dos cámaras era crítica. Las pérdidas acumuladas esos años en la guipuzcoana ascendieron a 910.346 euros. La de Vizcaya entró en números rojos en 2001 al perder el 42% del valor de su patrimonio en acciones (1,1 millones) por la bajada de la Bolsa. Tras hacerse públicas las conclusiones del informe, la Cámara de Vizcaya contrató una página de publicidad en un medio de comunicación local para refutarlo.

La realidad es que las cámaras han sobrevivido gracias al patrimonio acumulado a lo largo de los años. A 31 de diciembre de 2002, el valor de mercado del patrimonio global era de 18,1 millones de euros, de los que 12,5 millones corresponden a la de Vizcaya, 4,6 millones a la de Guipúzcoa y 0,9 millones a la de Álava.