El filtro insuperable del Congreso de los Diputados

Una sola proposición de ley procedente de un Parlamento autónomo logró pasar el filtro del Congreso durante la pasada legislatura, con mayoría absoluta del PP. Se trata de una proposición del Parlamento de Galicia con la declaración de Parque Nacional marítimo-terrestre de las islas atlánticas de aquella comunidad.La proposición se aprobó con modificaciones.

En la legislatura actual las cosas han cambiado: en nueve meses cuatro proposiciones de ley de Parlamentos autónomos (dos de Cataluña, una de Canarias y una de Aragón) han pasado ya el primer filtro y están en la comisión correspondiente para su debate con las posibles enmiendas o en el Senado, tras superar el trámite del Congreso.

El artículo 87 de la Constitución concede a las Asambleas de las comunidades autónomas la iniciativa legislativa, bien pidiendo al Gobierno "la adopción de un proyecto de ley" o remitiendo una proposición de ley.

No es infrecuente que esto ocurra y, durante la pasada legislatura, el Parlamento autónomo de Cataluña se mostró especialmente activo a la hora de ejercer esta facultad, tanto como el Congreso en rechazar las proposiciones que llegaban.

Durante la anterior legislatura, y según los datos que figuran en la página web del Congreso, se presentaron 42 proposiciones de ley por parte de distintos Parlamentos autónomos, 14 de las cuales no pudieron ser debatidas antes de que se disolviesen las Cortes, por lo que pasaron a la legislatura actual. Otras tres caducaron y tres más fueron retiradas. Se aprobó una y fueron rechazadas las 21 restantes.

El Parlamento catalán vio rechazadas 11 de sus 14 iniciativas y retiró las otras tres.

Las proposiciones versaban sobre asuntos diversos: participación de las comunidades autónomas en reuniones de la Unión Europea, representación de las autonomías en el Tribunal Constitucional, uso de las lenguas oficiales, equiparación de deberes y derechos de trabajadores autónomos, uso de lenguas oficiales en los sellos o en los permisos de conducir vehículos a motor. Ninguna de ellas pasó el primer filtro del Congreso, es decir, el debate de totalidad, similar al que hoy se enfrenta el llamado plan Ibarretxe, para que pudiera continuar su tramitación.

Después de Cataluña, el Parlamento balear hizo llegar hasta el Congreso cuatro proposiciones de ley para modificar la Ley orgánica del Poder Judicial, sobre el uso de las lenguas oficiales en la acuñación de monedas de euro, la participación de las autonomías en la Unión Europea y el uso de lenguas oficiales en los sellos de correos. Las cuatro fueron rechazadas.

Pero no sólo fue una cuestión de afinidades políticas al Gobierno anterior. El Parlamento de Navarra, por ejemplo, vio cómo naufragaba en el Congreso su proposición sobre la igualdad jurídica de las parejas estables y la de la utilización de lenguas oficiales en la impresión de sellos de correos y efectos postales.

Aragón, con dos proposiciones sobre la demarcación judicial y la Ley de Seguridad Social, tampoco tuvo éxito, y lo mismo le ocurrió al Parlamento de Castilla-La Mancha con su intento de modificar la Ley General de Telecomunicaciones, y al de Asturias, sobre el uso de lenguas oficiales en los sellos de correos.

En la actual legislatura hay 17 proposiciones calificadas por la Mesa. Cuatro de ellas ya han superado el trámite del debate de totalidad inicial.

El Parlamento catalán ha visto prosperar dos iniciativas: una sobre transferencia de los servicios meteorológicos del Estado en aquella comunidad y otra para modificar la ley del Poder Judicial. El Parlamento canario también ha tenido éxito con una proposición para modificar la ley electoral, y el de Aragón tiene ya en el Senado su proposición inicial sobre fondos de compensación interterritorial.

Todas ellas pueden tener enmiendas y, por tanto, modificaciones respecto al texto original.