El PP da por cerrada la investigación sobre el derribo de Granada

El Ayuntamiento de Granada no investigará su supuesta responsabilidad in vigilando ni las presuntas irregularidades en la adjudicación del derribo en el que falleció un sin papeles el pasado 21 de diciembre. El alcalde, José Torres Hurtado (PP), rechazó ayer la comisión especial propuesta por PSOE e IU argumentando que ya ofreció una que ambos grupos rechazaron. La oposición se negó a formar parte de ella porque sus conclusiones debían presentarse en sólo ocho días.

Torres Hurtado ordenó el pasado martes la creación de una comisión de investigación "acerca de las ejecuciones subsidiarias que el Excelentísimo Ayuntamiento de Granada ha encargado en los últimos años". El alcalde nombró como presidente de ese órgano al concejal de Participación Ciudadana, Eduardo Moral (PP), y estableció que sus conclusiones debían presentarse en el pleno ordinario de este mes, previsto para el próximo viernes.

Los grupos municipales de la oposición (PSOE e IU) la rechazaron al considerar que el objeto de esa comisión no se correspondía con el tema que la motivaba (el accidente mortal del derribo de la cuesta de Gomérez). Ambas formaciones argumentaron que el tiempo para la investigación (ocho días) era insuficiente y acusaron al equipo de gobierno de parcialidad al otorgar la presidencia al PP en contra de una norma municipal del mandato de Gabriel Díaz-Berbel (PP) que establece que estas comisiones deben presidirlas concejales del principal grupo de la oposición.

La junta de portavoces del Ayuntamiento debatió ayer una moción presentada por los socialistas e Izquierda Unida en la que reclamaban otra comisión especial "que aclare suficientemente los hechos acaecidos en el accidente de la cuesta de Gomérez, así como los procedimientos de actuación municipal en las obras que se realizan por ejecución subsidiaria, con las necesarias garantías de tiempo, de desarrollo y posibilidades reales de participación de los grupos políticos".

Pero el alcalde la rechazó con el pretexto de que ya había ordenado su creación y que, sin embargo, ambos grupos se negaron a formar parte de ella. Con esta negativa, el Ayuntamiento da por cerrada la investigación sobre sus posibles responsabilidades en el accidente, ya que la moción ni siquiera será objeto de debate entre los distintos partidos durante el pleno ordinario del próximo viernes. Tras el accidente, el equipo de gobierno del PP abrió un expediente informativo cuyas conclusiones descargaron las responsabilidades del siniestro sobre la contratista municipal, Rehabilitaciones y Demoliciones Granada S.L., y su jefa de seguridad, que en el expediente de la obra firma como "técnico municipal".

La investigación continúa en el juzgado de Instrucción número 6 de Granada, cuyo titular es Miguel Ángel del Arco. La fiscalía anunció el viernes que indagará en la adjudicación de la demolición, presupuestada por el consistorio en 38.007 euros, un 43% más de su coste real.