"Mejorar la formación profesional"
La Unión, dice el tratado que se votará el 20 de febrero, "desarrollará una política de formación profesional que refuerce y complete las acciones de los Estados miembros, respetando plenamente la responsabilidad de los mismos en lo relativo al contenido y a la organización de dicha formación". Entre las acciones que se reserva la UE, tal y como se recoge en la Constitución, se encuentra la de "mejorar la formación profesional inicial y permanente para facilitar la inserción y reinserción profesional en el mercado laboral", un extremo que toca de lleno a la docencia: por un lado afecta a la formación de los profesores y, por otro, a las actividades que habrán de desarrollarse en los centros educativos para la formación y reciclaje de otros trabajadores.
En la Constitución también se lee que se facilitará "el acceso a la formación profesional y se favorecerá la movilidad de los educadores y de las personas en formación, especialmente los jóvenes". Este enunciado choca con la realidad. Sólo en la Comunidad de Madrid cerca de 3.200 alumnos se quedarán sin una plaza pública en el grado formativo superior de FP elegido en primera opción, según CC OO. Este sindicato calcula que en España podría haber unas 30.000 solicitudes no satisfechas. Otra iniciativa que se reserva la Unión, tal y como recoge el texto constitucional, es la de "estimular la cooperación entre centros de enseñanza y de formación profesional y las empresas".
