La CE estudiará si se discrimina a los estudiantes extranjeros en España

La Comisión Europea ha solicitado información para determinar si hay indicios de que los estudiantes extranjeros que intentan cursar estudios en España son discriminados con motivo de sus calificaciones, según señaló la anterior comisaria europea de Educación, Viviane Reding.

En respuesta a una pregunta escrita presentada por un grupo de eurodiputados socialistas portugueses, Reding indicó que "conviene evaluar si las decisiones de clasificación de las autoridades españolas tienen un carácter discriminatorio frente a las personas que han obtenido sus calificaciones en otro Estado miembro".

"Tal situación podría constituir una violación de las reglas del Tratado de la UE", advirtió la comisaria el pasado noviembre, en una respuesta a la que tuvo acceso hoy EFE.

La pregunta parlamentaria fue planteada el pasado octubre a la entonces comisaria de Educación, que dejó su cargo en noviembre tras el inicio de la nueva comisión.

Los euro-parlamentarios Jamila Madeira, Paulo Casaca, Ana Gomes, Edite Estrela, Fausto Correira, Emanuel Fernandes, Luis Capoulas Santos y Elisa Ferreira denunciaron el caso de un ciudadano portugués licenciado en enfermería con una nota media final de 16 (en un baremo de 0 a 20) al que varias universidades españolas denegaron el acceso para cursar la licenciatura de medicina.

Según los diputados europeos, al examinar el expediente del ciudadano portugués, "las universidades españolas convirtieron las calificaciones obtenidas al baremo español, que es de 0 a 4, y le atribuyeron una nota de 1 en la mayor parte de las asignaturas".

Reding señaló que, antes de pronunciarse sobre estos hechos, la Comisión debe "disponer de informaciones completas", por lo que pidió a los eurodiputados que envíen al Ejecutivo comunitario los detalles de este caso, sobre los que Bruselas "no dudará de proceder a las investigaciones necesarias".

Los parlamentarios explican que, tras la respuesta de los centros universitarios, el estudiante recurrió al ministerio de Educación español, "el cual señaló que las universidades tenían total autonomía para determinar la equivalencia de las calificaciones".