Y Chaves topó con la Iglesia

El desdichado embrollo de Cajasur no parece que vaya a tener un final feliz. La más elemental suposición daba por hecho que la Iglesia descarriada de Córdoba volvería al redil de la legalidad, tras la mayoría absoluta que Chaves consiguió el 14 de marzo, y la relativa de Zapatero en Madrid. Que toda la guerra que Castillejo emprendió contra el poder legítimo de la Junta de Andalucía, en 1999, con la ayuda del PP, tendría como final lógico el que todo volviera a su cauce: la Ley de Cajas, única y la misma para todos. Como volvieron las dos cajas de Sevilla, tras la peripecia aquella de los dos aprendices de banqueros.

Pero no. Aquí la cosa ha emprendido un rumbo sorprendente. Mediante un acuerdo con el obispo de Córdoba (¿de verdad un obispo tiene competencias legales para esto?) la Iglesia continúa dominando su Caja, y en algunos aspectos con privilegios aumentados. Es el caso, fundamental, del nombramiento del presidente, que a partir de ahora siempre corresponderá a la Iglesia, como si dijéramos, in aeternum. También multiplica hasta por cinco su cuota de representación en los órganos directivos, a costa de los derechos del Parlamento, de los municipios, los empleados y otros; se recorta la representación sindical, del 15% al 5%, para que no entren los sindicatos de clase; se permite que los representantes de la Iglesia continúen ejerciendo hasta los 75 años (cuando la Junta acaba de jubilar a varias decenas de excelentes cirujanos y médicos por cumplir los 65, pese a que la norma les posibilitaba continuar hasta los 70, y es lo que han aplicado la mayoría de las CC AA). Todo ello sobre una base falsa, a saber, que la Iglesia es la fundadora de esa caja. La verdad jurídica es que Cajasur es el resultado de la fusión de dos anteriores, una de ellas perteneciente a la Diputación. Y si nada de esto encaja en la ley... pues se adapta ésta a toda prisa, haciendo uso de la mayoría absoluta. No me parece un buen uso.

Sinceramente, no se entiende, ni apelando a esa sentencia tan castiza del "más vale un mal acuerdo que un buen pleito", que han esgrimido algunos dirigentes del PSOE (por lo menos han admitido, implícitamente, que es "un mal acuerdo"). Pues no se trata aquí de un litigio entre particulares, sino de la defensa del principio de legalidad en asuntos públicos de la mayor trascendencia. Gaspar Zarrías, por su parte, asegura que "antes la Iglesia tenía un 60% y ahora alrededor de un tercio". Esto sólo es cierto en teoría. En la práctica, la Iglesia tiene: un 34% propio, más el 5% del sindicato doméstico, más entre un 2-4% que le llegue del Parlamento y de la Diputación, vía representantes del PP; todo eso, fijo. Más otro 5% estimado de alcaldes del mismo partido, más un buen porcentaje de los representantes de los clientes, tradicional y sociológicamente suyos. Rebasará con creces el 50%.

Muy otras razones han debido tener Chaves y Griñán para administrar de este modo su topada con la Iglesia. Pero como no me gusta especular, esperemos a ver qué dice próximamente el consejero de Hacienda en su comparecencia parlamentaria. Deseando estamos escucharle.