"Queremos empezar una nueva vida"

La inmigración clandestina en barquillas desde las costas marroquíes y del Sáhara hasta Canarias, a veces, las menos, ofrece un reverso humano, emotivo, único. Le ocurrió a la marfileña Salimata Sangare cuando el Estado le concedió papeles 390 días después de haber sobrevivido 14 días a la deriva. O a la saharaui Fatiha Nadir, que parió a su hija Sheima en plena travesía y hoy vive en la Península gracias a la movilización de varias religosas. Ahora es Tina Osazee, la nigerana vendedora de hojas de calabaza que embarcó el pasado día 7 de noviembre junto a otras 39 personas, entre ellas cuatro mujeres y tres bebés, rumbo a Fuerteventura.

En el momento de partir, los magrebíes que los habían reunido les hicieron una última trastada a ella y su pareja, Fana Ormahda. Le dijeron al hombre que no cabía en el bote, cuando en otras ocasiones han encajado a más de 45 personas en una pequeña chalupa de apenas seis metros de eslora. Él vio alejarse a Tina y su bebé de siete meses, Fathi, y les gritó: "Dios nos ayudará a salvar este enorme río". La Guardia Civil rescató a Tina y otras 39 personas de una muerte segura en alta mar. "Teníamos mucho frío, rezaba mucho, pero la niña estaba tranquila, no lloraba y yo la abrigaba mucho", relata con voz grave.

"Decidimos que queríamos un trabajo mejor para enviar dinero a nuestras familias"

Hoy vive en la casa de acogida que Cruz Roja gestiona en la calle San Roque de la capital majorera, Puerto del Rosario. La joven viste una chamarra deportiva azul, pantalones grises y unas chanclas. Sus manos aún están muy cuarteadas. Y su pequeña tiene el pelo en forma de bolitas de algodón. Entre los constantes gritos del resto de 11 mujeres, el corretear de 12 niños de corta edad y la mirada atenta y silenciosa de cinco hombres, Tina recuerda la historia de cómo llegó a Fuerteventura: "Vivía en Edo", estado al sur del país de las 400 lenguas, limítrofe con los poblados de Yoriba, Ijaw y Jukum, también conocido por las famosas murallas de Benin, de 18 metros de alto y 1.200 kilómetros de longitud. Como muchos jóvenes de Edo, Tina vendía hojas de un tipo de calabaza más aflautada que la occidental, de raíz venenosa, que se cultiva todo el año, se come en trozos hervida con arroz, machacada o en sopas y suministra un alto contenido en proteínas. Llegaba del colegio, cargaba la mercancía sobre la cabeza y la vendía por las calles. "Mis padres son muy pobres y yo era la única que traía dinero a casa. Conocí a Fana en su casa, porque era amiga de su hermana. Nos gustamos y nos casamos. Él es un buen electricista y granjero. Decidimos que queríamos un trabajo mejor para enviar dinero a nuestras familias, que son muy pobres. Tardamos un mes en llegar desde Nigeria a Marruecos, por carretera, a bordo de jeeps". Elude precisar cómo, cuándo y qué precio pagaron por este servicio. "Eso son cosas de mi marido", se excusa. Vivieron en Casablanca durante dos años "mendigando para comer", alimentándose de pan y café. Allí tuvo a su bebé.

En ese momento de la conversación en inglés, su sonrisa, que delata unos dientes blanquísimos y un incisivo cortado en diagonal, desaparece. Se queda con la mirada perdida y no contesta. La tarde que llegan a la costa, los magrebíes la embarcan a ella y a su bebé, pero su marido se queda en tierra; 29 días después, Fana Ormahda balbuceaba un nombre constantemente, cuando era atendido en Puerto del Rosario por los profesionales y voluntarios del equipo de respuesta inmediata en emergencias. Una voluntaria cayó en la cuenta de que se refería a Tina. Se reencontraron entre aplausos y lágrimas de inmigrantes, voluntarios y agentes de la Guardia Civil. "Le di un gran abrazo y muchos besos; sabía que nos veríamos pronto".

Cruz Roja ha iniciado los trámites ante la Delegación del Gobierno para solicitar la reunificación familiar y que la pareja y su hija vivan en una de las dos casas de acogida de la isla, hoy saturadas. En una viven 25 personas, de las que 12 son niños. En otra, 15, de los que cuatro son niños de corta edad. Su expediente viajará antes al juzgado, donde se decidirá si el electricista recupera la libertad, en un plazo de unos 15 días.